martes, septiembre 24, 2024
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Todas las asociaciones de jueces muestran su rechazo a la admisión del ‘lawfare’ y a la supervisión parlamentaria

Madrid

Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución

Las cuatro asociaciones de jueces se han puesto de acuerdo ante la preocupación que les suscita la carta de naturaleza que el acuerdo entre PSOE y Junts concede al ‘lawfare’ o «judicialización de la política», como lo define el propio texto. En un comunicado conjunto denuncian la desconfianza en el poder judicial que entienden que transmita el acuerdo y recuerdan que es «independiente» y «no actúa sometido a presiones políticas«.

La conservadora Asociación Profesional de la Matistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la progresista Jueces y Juezas para la Democracia y la minoritaria Foro Judicial Independiente muestran en el texto que todas han suscrito su «rechazo» a las referencias relativas a que la justicia actúa deliberamente contra adversarios políticos.

«El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas», señalan.

En su opinión, ello puede «suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».

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Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», afirman al unísono todos los representantes de las distintas sensibilidades de la carrera judicial.

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