La compañía minera Antamina vuelve a estar en la mira por denuncias y reclamos relacionados con la violación de derechos fundamentales de más de 10 niños contaminados con plomo y arsénico.
Estos pertenecen a las comunidades pesqueras de Puerto Grande, Puerto Huarmey y 9 de Octubre, ubicadas en la provincia de Huarmey, en Áncash. El punto donde se encuentra el terminal del mineroducto Punta Lobitos de la empresa que transporta cobre y otros metales de la mina, ubicada a 304 kilómetros en la cordillera del departamento.
Desde su instalación, en 2002, los ciudadanos huarmeyanos denuncian —sin obtener mayor respuesta por parte de las autoridades— la aparición de numerosos casos de cáncer en la población.
La situación afecta a varias docenas de mujeres gestantes y niños menores de trece años, cuyos exámenes de sangre y de orina han arrojado valores de plomo y arsénico de hasta 3 mil veces por encima de los máximos considerados permisibles en personas por el Ministerio de Salud.
En esa línea, cabe recordar que a mediados de octubre, el titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash, Luis Valverde Cueva, advirtió que 29 ciudadanos de Huarmey presentaron arsénico en la sangre. Dentro de este grupo hay tres personas en estado de gestación.
“No sabemos si la contaminación se ha producido por aire, suelo o mar, pero sí nos interesa cortar cuanto antes la cadena de contaminación”, expresó en ese entonces.
El 80% de la población presentaría metales en su organismo
Las familias de las tres comunidades han informado, a través de la organización en defensa de los derechos humanos Red Muqui, que, en los últimos años, la salud de sus hijos comenzó a deteriorarse rápidamente tras la aparición de diferentes síntomas que llamaron su atención. Entre ellos está el descoloramiento de la piel, dolores de cabeza y de estómago, y la aparición de sangre en la orina.
Ante ello, con la finalidad de solicitar asistencia inmediata por sus propios medios, decidieron acudir con representantes de organizaciones de derechos humanos, como el Instituto Ambientalista Natura, y posteriormente con la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Ambiente y Ecología del Congreso.
Esta última instancia, a cargo de su presidenta, —la congresista de Cambio Democrático Ruth Luque—, se solicitó al Minsa que tomara atención sobre los casos y se realizaran los exámenes correspondientes vinculados a las denuncias hechas por los padres de familia.
Una vez realizadas las pruebas, la Dirección Regional de Salud (DIRES), mediante exámenes de tamizaje y de despistaje de concentración de metales pesados, determinó que el 80% de las personas examinadas (solo de las comunidades Puerto Huarmey y 9 de octubre) presentaron valores por sobre los límites recomendados por la cartera de Salud.
¿Qué ha hecho el Gobierno hasta ahora?
Hasta ahora, la presidenta del Comité de Gestión de Salud de Huarmey, Estela Rojas, ha comunicado que las familias de los niños intoxicados han logrado que se firme un acta de acuerdos, donde el Ministerio de Salud se compromete a la atención de más de los menores afectados por plomo y arsénico en Puerto Grande, Puerto Huarmey y 9 de Octubre.
En tanto, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Huarmey, Juan Navarro Inga, ha señalado que ahora esperan que se amplíen los exámenes de tamizaje a toda la población para conocer las causas de los casos de intoxicación con metales pesados a los que se estaría exponiendo la población en forma permanente.
También, cabe resaltar que la situación de contaminación también preocupa a nivel productivo y económico, pues, los ciudadanos señalan que diferentes especies de peces han desaparecido y, hasta ahora, no se han realizado estudios para verificar el estado del fondo marino, a pesar de sus reiterados pedidos a las entidades competentes.
