La Cámara Federal de Casación Penal convalidó este miércoles la sentencia contra una madre y un hijo condenados a cuatro años y 2 meses de prisión por el delito de tenencia de drogas con fines de comercialización en Rosario. Para llegar a esa determinación, argumentó que el fallo impugnado por la defensa de los imputados era “solvente” en tanto se había apoyado en pruebas derivadas de escuchas telefónicas y allanamientos en domicilios ligados a ambos, donde se secuestraron dosis de marihuana, cocaína, una balanza de precisión y dinero en efectivo.
La causa tuvo origen el 20 de septiembre de 2018 a raíz de un procedimiento de control efectuado por el Escuadrón 46 Rosario-Victoria de la Gendarmería Nacional, quien en conjunto con la Sección Seguridad Vial de Totoras observó algunos movimientos sospechosos frente a un kiosco ubicado en la calle José Ingenieros 7133 del barrio Empalme Granero, en la ciudad de Rosario.
Según se constató en las actuaciones, al acercarse los efectivos a bordo de una patrulla motorizada, varias personas ubicadas cerca del kiosco salieron corriendo y se dieron a la fuga. Dos de ellos ingresaron al local y pudieron escapar por la parte trasera. En el interior del lugar, sobre un mostrador, se encontraron a simple vista distintos envoltorios con casi 150 gramos de marihuana y 13 de cocaína.
Ese hallazgo derivó en la disposición judicial de una batería de pruebas, como la realización de cuatro allanamientos domiciliarios, donde se secuestraron más dosis de marihuana y cocaína, además de otros elementos que dieron cuenta de la comercialización de la mercancía, como una balanza de precisión y fajos de dinero. También se llevaron a cabo escuchas telefónicas y tareas de observación ejecutadas por la Policía Federal. Todas las diligencias llevaron a dar con las personas a cargo del kiosco donde se vendían los estupefacientes: Irene Inés Ibáñez y su hijo Jorge Joel Schiavone.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de Rosario valoró todo este caudal probatorio al momento de imponer las condenas a cuatro años y dos meses de prisión para cada uno. La fiscalía en sus alegatos había solicitado una pena con seis meses más de cárcel. Sin embargo, la defensa unificada de los condenados estimó que la sentencia había sido arbitraria y presentó un recurso de casación.
De esa forma, el expediente recayó en la Sala IV de la máxima instancia penal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes en coincidencia resolvieron rechazar el planteo tras considerar que la sentencia del tribunal oral de Rosario había estado apoyada en un “examen solvente” de la prueba producida durante el debate.
En ese sentido, el juez Carbajo al emitir su voto afirmó que el tribunal rosarino “tuvo en cuenta las tareas de observación y seguimiento realizadas por las fuerzas de seguridad, las escuchas telefónicas realizadas y la cantidad de material estupefaciente secuestrado. Hizo hincapié en que la droga se encontraba fraccionada en numerosos envoltorios de pequeñas dimensiones, la manera en que suele ser acondicionada para su venta al menudeo y en que fue encontrada junto con una balanza de precisión y dinero en efectivo”.
A su vez, el camarista Borinsky se adhirió a los argumentos exhibidos por Carbajo y afirmó: “la resolución impugnada cuenta con fundamentos jurídicos mínimos que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”. El juez Hornos, en tanto, se expidió en el mismo sentido.
Así las cosas, la Sala IV de la Casación resolvió rechazar de forma unánime la presentación de los imputados, quienes además de la pena de cárcel sufrieron el decomiso de un Peugeot Expert ligado a la operación delictiva.
