Boca Juniors denunció ser víctima de persecuciones al quedar sin efecto la clausura contra La Bombonera durante la jornada del viernes. La restricción fue ordenada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo la acusación de que se había superado la capacidad de público permitido en el partido que Argentina disputó contra Uruguay el jueves a la noche. “Buscan dañar la imagen del club”, acusaron.
Por medio de un comunicado oficial publicado en su perfil oficial en X, el club apuntó que los intentos de cerrar al público el histórico estadio ubicado en el barrio porteño de La Boca se habrían transformado en una problemática constante a lo largo del año. “Notamos que se está haciendo habitual esta conducta pues ya se había aplicado con igual arbitrariedad en otras ocasiones durante este año, dejándose sin efecto con la misma inmediatez”, indicaron al remarcar que, en ninguna de las ocasiones, existió un motivo que justifique la decisión.
La clausura del establecimiento deportivo se dio a conocer momentos más tarde de que finalizara el partido celebrado en el marco de la ronda Eliminatorias de la Copa del Mundo, cuando la institución deportiva acusó: “A pesar de no haber superado la capacidad máxima del estadio, la agencia gubernamental de control del GCBA decidió, finalizado el encuentro, la clausura de La Bombonera por alegar que se había superado su capacidad de aforo”.
A pesar de que el argumento del cierre del estadio se apoyó en que el hecho podría haber puesto en riesgo a los espectadores, desde Boca Juniors apuntaron que el levantamiento inmediato “deja en evidencia que el objetivo no era velar por la seguridad del público sino procurar una repercusión mediática, perjudicando al club y sus hinchas”. De esta manera, denunciaron que “buscan dañar la imagen del club y la familia xeneize” luego de recordar que se vivieron situaciones similares en la previa de la final de la Copa Libertadores y una semifinal de la Copa Argentina.
De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, la sanción quedó sin efecto el viernes al mediodía cuando los dirigentes pagaran la multa impuesta. “Estoy absolutamente sorprendido porque uno veía la platea preferencial y se veían lugares vacíos, no había nadie sentado en las escaleras”, describió Sebastián Rodríguez, socio vitalicio y miembro del Departamento de Legales del club, que estuvo presente en el partido.
En referencia a que se trató de la tercera ocasión que el Xeneize tuvo que enfrentarse a una clausura del recinto, Rodríguez expresó: “No nos queda otra que pensar que sigue habiendo una persecución contra Boca Juniors y con directivos del club”. Asimismo, indicó: “No puedo dejar de pensar que todo esto no tiene relación”, en referencia a las próximas elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 2 de diciembre.
“Hemos hablado de una persecución contra el club y su gente, esa afirmación se transforma en una realidad al observar lo que viene pasando a diario”, rememoró la institución deportiva, en referencia a los diferentes hechos de violencia que habrían sufrido los dirigentes. De esta manera, tomaron como ejemplo la intimidación en la vía pública que padeció el hermano del actual vicepresidente, Cristián Riquelme.
Con respecto a las declaraciones que ofreció Rodríguez sobre la situación que atraviesa Boca Juniors, en el comunicado consideraron que estas habrían motivado la citación para declarar que recibieron el secretario general del equipo, Ricardo Rosica, y Cristián Riquelme. Además, remarcaron que la fecha que recibieron fue el próximo 22 de noviembre, cuando el plantel disputará la semifinal de la Copa Argentina contra Estudiantes de La Plata a las 21:10 horas.
“La Comisión Directiva de Boca Juniors continuará ejerciendo sus funciones de manera responsable y garantizará la realización de un comicio ejemplar para que socios y socias puedan elegir a las autoridades del período 2023-2027″, concluyeron en el comunicado. En paralelo, el césped de La Bombonera comenzó a ser preparado para la instalación de carpas de votación, con la finalidad de que el mismo no sea dañado por la concurrencia que se espera registrar el día electoral. Aunque hay 100 mil socios habilitados en el padrón, se estipula que podría haber una asistencia de unos 38 mil personas, según los índices registrados en la elección de 2019.
