España está a las puertas de una huelga general. Una anómala y polémica. La convocatoria parte de Solidaridad, el sindicato de Vox, y centra el foco en un tema que poco tiene que ver a priori con la reclamación de mejoras salariales o cualquier otra cuestión laboral. La diana está puesta en el ámbito político. Para ser más precisos, en la ley de amnistía que ha permitido a Pedro Sánchez llevar a buen puerto las negociaciones con Junts y lograr su investidura como presidente.
La gran pregunta que sobrevuela sobre la convocatoria no son sin embargo sus servicios mínimos o las dispuestas entre sindicatos, sino su legalidad.
«Frente a la desigualdad». Ese es uno de los eslóganes escogidos por Solidaridad para su convocatoria de mañana, que además de una huelga general prevé otras acciones de protesta: una manifestación en Madrid y concentraciones frente a las sedes provinciales del PSOE. El motivo, subraya el colectivo, es luchar contra «la desigualdad» y la «traición». Coincidiendo con su iniciativa, Revuelta ha lanzado una huelga estudiantil que está difundiendo el propio sindicato de Vox.
La convocatoria se registró el lunes 13 de noviembre, justo antes de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, y llegó acompañada de un argumentario que refleja con claridad cuál es su objetivo. En su manifiesto del 24-N Solidaridad advierte de que «nuestra patria se encuentra en riesgo» y habla de la supuesta «desigualdad de trabajadores» que se derivará de los pactos de investidura. Su secretario general, Rodrigo Alonso, iba incluso más allá en una charla con La Gaceta: «Los acuerdos de Sánchez con los separatistas suponen una regresión en derechos laborales».
Convocada sí, pero… ¿Legal? El Real Decreto-ley 17/1977 aclara que una huelga es ilegal si se inicia por «motivos políticos o cualquier otra finalidad ajena al interés profesional» de los trabajadores y la Constitución contempla en su artículo 28.2 el derecho de huelga de los trabajadores «para la defensa de sus intereses». Habría sin embargo —señala Hay Derecho— una sentencia del Constitucional de 1981 que deja sobre la mesa algunas claves cruciales, sobre todo para este caso.
La primera es que el derecho de huelga corresponde a trabajadores y sindicatos «con implantación en el ámbito laboral» de la propia huelga. Sobre su naturaleza —abunda Hay Derecho— se reconoce que un paro puede tener como fin reivindicar mejoras en las condiciones económicas o de trabajo y alcanzar repercusión en otras esferas. La legalidad de la huelga quedaría marcada por lo tanto por la naturaleza e implantación del propio sindicato Solidaridad, por pequeña que esta sea; y si se pude argumentar que realmente busca defender a los trabajadores.
¿Una huelga política? Solidaridad insiste, y con mayúsculas, en que la de mañana no es una huelga política, defiende su «perfecta legalidad», aunque no sea un sindicato mayoritario, y reivindica que está amparada por varias sentencias de Tribunales Superiores e incluso el Supremo. En su manifiesto el colectivo sostiene que los acuerdos de investidura acarrearán «desigualdad» entre trabajadores y enumera algunas repercusiones concretas, como un «expolio fiscal», «subidas de cotizaciones sociales», «congelación de salarios», «incremento del paro» o «desaparición de la negociación colectiva a nivel nacional».
Hay Derecho señala no obstante que el mismo manifiesto muestra que el motivo principal de la huelga parece ser otro, de carácter político: el «riesgo de ruptura de la patria», lo que cuestionaría que el enfoque laboral sea relevante. La pregunta que deja botando está por lo tanto clara: «¿Constituye fraude de ley dirigido a salvar la prohibición del Real Decreto-ley 17/1977, la oposición a las medidas laborales que nadie ha anunciado, cuando además algunas son rotundamente falsas?»
Un debate a posteriori. El debate no es exclusivo de los días u horas previas a la huelga. Lo señala Pere Vidal, profesor de derecho laboral de la Universidad Oberta, en una entrevista con Newtral: dado que las huelgas solo hay que registrarlas en el Ministerio de Trabajo con cierta antelación, sin estar necesariamente sujetas a una autorización, el control de su legalidad se realiza «a posteriori».
«En caso de que se presente demanda solicitando la declaración de huelga ilegal correspondería a la Audiencia Nacional», ñade Vidal. En declaraciones al mismo medio Jesús Cruz, catedrático de Derecho del trabajo de la Universidad de Sevilla, va más allá y apunta que los tribunales son «reacios» a declarar un paro como contrario a la ley por motivos políticos «aunque haya indicios claros».
Con servicios mínimos. A solo unas horas del 24N y entre acusaciones de Solidaridad, que ha criticado a CCOO y UGT por supuestas «coacciones», lo cierto es que las instituciones ya han fijado los servicios mínimos que deberán prestarse. Como recoge Efe, el Gobierno ha establecido «plena disponibilidad» de todo el equipo generador de energía eléctrica y las instalaciones de transporte y equipos necesarios en los centros de control. En lo que atañe a instalaciones de suministro de hidrocarburos, se establecen en el 20%, aunque se debe garantizar el servicio.
Otras instituciones, como las los gobiernos regionales de Castilla y León, Galicia o Madrid han publicado textos al respecto. La Concejalía de Personal de Burgos (PP) por ejemplo ha elaborado un decreto que toma de referencia los servicios mínimos fijados para las huelgas de marzo de 2019 y mayo de 2022. Un movimiento similar ha hecho el Consistorio de Monzón, en Huesca y también gobernado por el PP, y en Oviedo se han publicado también anuncios sobre su efecto al menos en centros de educación. La convocatoria coincide con una jornada de huelga en Renfe.
Lapostura del PP. La legalidad de la convocatoria no es el único punto interesante del 24-N. El otro foco está puesto en el PP. A lo largo de las últimas semanas el partido de Núñez Feijóo ha participado también en las protestas contra la amnistía y el líder conservador incluso llegó a deslizar que «si se me ocurriese pactar lo que hace Sánchez habría una gran huelga general en España», pero su formación no no ha respaldado la iniciativa de Solidaridad. Tampoco los medios conservadores, donde la convocatoria ha alcanzado una repercusión discreta.
El Confidencial Digital publicaba hace unos días que Feijóo había iniciado sondeos ante la posibilidad de convocar una huelga parcial contra el Gobierno. De hecho, ya habría mantenido contactos con los sindicatos UGT y CCOO y la patronal.
Imágenes: Vox y Solidaridad
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