San Salvador, 28 nov (EFE).- La directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, denunció este martes un incremento de amenazas y ataques contra su persona y contra voluntarios de la ONG salvadoreña después de que acompañaron la denuncia contra un militar vinculado a detenciones arbitrarias y «declaraciones falsas».
Así lo informó Escobar en declaraciones a EFE, que indicó que están valorando acudir a instancias internacionales para solicitar medidas de protección.
Indicó que han «denunciado públicamente las denuncias falsas y mentirosas del sargento Montesinos» y «lo que hemos visto es que a partir de esto han arreciado las amenazas en las redes sociales contra los voluntarios y específicamente contra mí».
Señaló que se han divulgado montajes fotográficos de su rostro con personas buscadas internacionalmente por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) con señalamientos de que es pareja de pandilleros o que es «cómplice de las pandillas».
«Nosotros defendemos personas inocentes, sin embargo somos sujetos de ataques, de amenazas», agregó y señaló que están evaluando acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar «medidas cautelares» para los miembros del Socorro Jurídico.
El 16 de noviembre pasado, habitantes de la zona oriental de El Salvador presentaron ante la Fiscalía General una denuncia contra el referido sargento de la Fuerza Naval por supuestamente dar falso testimonio y detener arbitrariamente a 6 personas en el contexto del régimen de excepción.
«Interponiendo denuncia formal contra el Sargento Montesinos de la Fuerza Naval por falso testimonio contra 6 personas INOCENTES», indicó el SJH en su momento en redes sociales.
A este militar también le atribuyen «la captura arbitraria» de estas personas, entre las que se encuentra un adolescente de 17 años, quien «fue condenado a 10 años de prisión a causa de todas esas mentiras declaradas en los tribunales por un militar irresponsable».
Estas detenciones se habrían dado en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas y en el que las organizaciones humanitarias han recabado cerca de 6.000 denuncias de abusos, principalmente por detenciones arbitrarias.
De acuerdo con los datos oficiales, en el contexto de la suspensión de garantías constitucionales, contempladas por dicho régimen, suman más de 73.800 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional. EFE
hs/sa/mt/rrt
