La Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuyo pleno permanecía en sesión permanente desde hace un día, decidió este martes abrir un procedimiento disciplinario inmediato contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) de liderar una presunta red criminal en la cúpula del Ministerio Público.
A través de un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, el máximo órgano de Gobierno de la judicatura señaló que la resolución ya fue notificada a la destinataria, quien descartó en la víspera dimitir a su cargo al alegar que la acusación busca amedrentarla para que no continúe su “lucha contra la impunidad”.
“El procedimiento disciplinario inmediato es aquel que se sigue a un juez o fiscal en casos en los que existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular, o en la comisión de una falta disciplinaria muy grave detectada en el momento en que se está ejecutando”, precisó la JNJ, organismo que podía suspenderla.
Los propios fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena exigieron el lunes a Benavides renunciar al cargo para “no afectar la investigación”, que “no se condice con un desempeño debido de su cargo como máximo representante del Ministerio Público”.
La invocación se sumó a un pronunciamiento previo de los fiscales que integran el equipo especial anticorrupción que se rebelaron contra la magistrada después de que destituyera del cargo a la coordinadora de ese grupo que persigue la corrupción en el poder, Marita Barreto.
Benavides tomó la decisión luego de que el equipo especial abriera, junto con la Policía, una investigación a su entorno más cercano y una operación —’Valquiria V’―, que acabó con la detención de su mano derecha, Jaime Villanueva.
La diligencia se replicó con Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, otros dos miembros del Ministerio Público cercanos a la magistrada, sindicada como cabeza de una red criminal que influyó “ilícitamente en decisiones de congresistas” durante al menos en tres ocasiones: para promover la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación por el Congreso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
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