La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitó este miércoles suspender el proceso disciplinario inmediato abierto en su contra por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a raíz de una investigación contra su entorno más cercano por conformar una supuesta red criminal dedicada al tráfico de influencias.
Infobae Perú conoció que este requerimiento ingresó a las 15:27 horas y forma parte de un pedido de ampliación de la medida cautelar dictada a su favor por la jueza Jacqueline Tarrillo, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, que en dos ocasiones previas ha resuelto suspender las investigaciones preliminares abiertas por la JNJ.
En el último recurso judicial, acogido a mediados de octubre, Tarillo dispuso que las pesquisas quedaran paralizadas de forma provisional, hasta que se resuelva el fondo de una demanda de amparo donde la titular del Ministerio Público cuestiona la idoneidad de Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros del organismo.
En rigor, Benavides objeta a Tello por haber superado la edad estipulada en la legislación para ser miembro de la JNJ, y a Vásquez por adelantar opinión al comparar su caso con el de otras autoridades investigadas.
Desde inicios de año, la JNJ investiga a la fiscal general por sus presuntos vínculos con un integrante de la organización criminal denominada ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, formada por jueces y abogados del Callao; así como por una condecoración otorgada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y las supuestas irregularidades en su tesis de maestría y doctorado.
Este martes, después de permanecer en sesión permanente ante el destape de la organización criminal en la cúpula fiscal, el máximo órgano de gobierno de la judicatura resolvió iniciar un proceso disciplinario inmediato contra Benavides, una medida que se abre a jueces o fiscales cuando “existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular” por la comisión de una falta disciplinaria “muy grave”, detectada en el momento en que se está ejecutando.
Sin embargo, con este petitorio, la magistrada —acusada de liderar una presunta red criminal— busca evadir una eventual destitución, en medio de más filtraciones en torno a este caso que ha generado un nuevo terremoto político en el país.
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