domingo, septiembre 22, 2024
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El PNV enmienda la reforma constitucional de la discapacidad para añadir autodeterminación y suprimir el artículo 155

24/11/2022 El portavoz del Partido Nacional Vascos (PNV), Aitor Esteban, en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, y el diputado del PP, Carlos Rojas, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 llegaron al Pleno del Congreso de los Diputados el lunes 21 de noviembre para someterse a la última votación antes de pasar al Senado. El Pleno del Congreso aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, previsiblemente con una amplia mayoría y con la incorporación de más de doscientas enmiendas, un texto que luego deberá continuar su tramitación en el Senado. Por el momento, el proyecto de ley ya tiene asegurados los 174 votos que necesita para ser aprobado por mayoría simple, PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1). Si ERC confirma su apoyo a las cuentas ampliará la mayoría hasta los 187 votos favorables. El Congreso celebra, tras finalizar el Pleno dedicado a los Presupuestos Generales del Estado para 2023, una nueva sesión en la que se ha programado el debate de toma en consideración de la proposición de ley del PSOE y Podemos para acabar con el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés'. Además, se vota el impuesto a la banca, energéticas y grandes fortunas.
POLITICA 
Carlos Luján - Europa Press
24/11/2022 El portavoz del Partido Nacional Vascos (PNV), Aitor Esteban, en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, y el diputado del PP, Carlos Rojas, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 llegaron al Pleno del Congreso de los Diputados el lunes 21 de noviembre para someterse a la última votación antes de pasar al Senado. El Pleno del Congreso aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, previsiblemente con una amplia mayoría y con la incorporación de más de doscientas enmiendas, un texto que luego deberá continuar su tramitación en el Senado. Por el momento, el proyecto de ley ya tiene asegurados los 174 votos que necesita para ser aprobado por mayoría simple, PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1). Si ERC confirma su apoyo a las cuentas ampliará la mayoría hasta los 187 votos favorables. El Congreso celebra, tras finalizar el Pleno dedicado a los Presupuestos Generales del Estado para 2023, una nueva sesión en la que se ha programado el debate de toma en consideración de la proposición de ley del PSOE y Podemos para acabar con el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del ‘procés’. Además, se vota el impuesto a la banca, energéticas y grandes fortunas.
POLITICA
Carlos Luján – Europa Press
(Carlos Luján – Europa Press/)

El PNV quiere aprovechar la reforma del artículo 49 de la Constitución, que se aprueba este jueves en el Congreso con el objetivo de sustituir el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad», para tratar de introducir cambios «profundos» en la Carta Magna y que, entre otras cosas, se incluya el derecho a la autodeterminación de «las naciones» y se suprima el artículo 155 que permite intervenir gobiernos autonómicos.

Fuentes nacionalistas han confirmado la presentación de un total de once enmiendas a la proposición de ley presentada por el PP y el PSOE, dos de ellas para «reconocer y garantizar el derecho a decidir» de la ciudadanía vasca, condicionando su ejercicio a un pacto con el Estado.

«La plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado», dice la nueva Disposición Adicional propuesta.

BLINDAJE FORAL CON SALA PROPIA EN EL TC

Además, el PNV propone tocar el artículo 56.3 para limitar la inviolabilidad del Rey a sus funciones institucionales, esto es, a aquellos actos que realice en representación de la Corona, pero dejando fuera sus actividades privadas. Eso sí, este cambio exigiría un procedimiento reforzado de reforma y, por tanto, celebración de referéndum y disolución de las Cortes.

Asimismo, apuestan por suprimir el artículo 155 argumentando que «para los fines pretendidos en este artículo son suficientes los mecanismos ordinarios de respuesta contemplados en la Constitución» y también piden modificar el 8, para despojar a las Fuerzas Armadas de su función de «garantizar el ordenamiento constitucional» y la «integridad territorial» ya que, aducen «en una democracia» esa es tarea de los tribunales de justicia.

Además, con el objetivo de mejorar la garantía institucional de los Derechos Históricos, presentan dos enmiendas por las que se crean sendas disposiciones adicionales Nuevas que contemplan, por un lado, una «cláusula de salvaguarda de las materias propias forales» y, por otro, la creación de una «Sala Foral del Tribunal Constitucional», que se encargaría de dirimir los conflictos que emanen de las leyes del Parlamento Vasco y de las Normas Forales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos

QUE EL GOBIERNO NO SUSPENDA LEYES SI RECURRE

También sugieren la constitución de una Junta Arbitral entre la comunidad vasca y el Estado para la totalidad de los conflictos de competencia existentes. Con objeto de «mejorar el reparto competencial» vigente reclaman modificar el artículo 149, referido a la Organización Territorial del Estado y, además, plantean tocar el artículo 117 para «adecuar el poder judicial a la estructura descentralizada».

Otra de sus enmiendas persigue acabar con lo que consideran una «disfuncionalidad para un desarrollo adecuado del modelo territorial basado en el reconocimiento de una verdadera autonomía de las diversas comunidades políticas existentes en el Estado». Para ello, quieren eliminar la suspensión automática de las leyes autonómicas cuando estas sean impugnadas por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional como contempla el artículo 161.

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