El presidente Gustavo Petro se alista para un nuevo pulso con el Congreso de la República con algunas de sus iniciativas, aunque varias de ellas no tienen todo el apoyo para salir adelante y una de las que se cayó fue la reforma a la salud, de los proyectos más importantes para el país.
El mandatario anunció que presentará una reforma tributaria, la segunda en su Gobierno y que involucrará a las empresas, esperando que pueda ser acordada con el sector privado y aprobada en 2025, aunque todo dependerá de los puntos que se propongan.
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En 2022 se le dio luz verde a la primera reforma del Ejecutivo, la cual se viene aplicando en el país desde 2023 y que afectó a varios productos, pero con algunos de sus artículos en riesgo de ser tumbados por la Corte Constitucional que estudia una demanda.
La nueva reforma tributaria
Durante el evento ‘Arpel-Naturgas 2024′ en Cartagena, en el cual se hablaron sobre el futuro de los hidrocarburos para el país, el presidente habló sobre la situación de la economía colombiana y se refirió a uno de sus proyectos en el Congreso para 2025, aunque dejando claro que hay riesgo de que no prospere.
“Hay una reforma tributaria que hemos propuesto para el año entrante, pero puede ser ilusorias dadas las realidades políticas del Congreso de la República actual”, afirmó Petro, refiriéndose a las divisiones con el Senado y la Cámara de Representantes tras caerse la reforma a la salud.
Según el mandatario, “esta reforma sería para bajar la tasa de renta de las empresas” como objetivo principal y ratificando la propuesta presentada el 29 de diciembre de 2023, en el anuncio del salario mínimo para 2024, para aumentar la productividad.
“Creo que es el momento de ver sus impactos, la que se aprobó en este Gobierno, y verla de cara a la producción. La reforma ha sido radicalmente transformada por decisiones judiciales, no es la misma que presentamos, pero de cara a elevar a reactivar la actividad productiva del país necesita un reexamen”, afirmó el presidente en su momento.
Petro añadió que la idea es que “fortalezcamos la empresa y eso implica, sin desfinanciar el estado y sin mayores tributos, en bajar la tasa de renta corporativa, la que pagan las empresas, y subir la renta de personas naturales, en sus grados más altos”.
Artículos en riesgo
La Corte Constitucional se prepara para evaluar la legalidad de ciertos artículos incluidos en la reforma tributaria de 2022, promovida por el Gobierno Nacional. Esta revisión se centrará en los aspectos vinculados con el impuesto sobre la renta, la tasa mínima de tributación y la retención en la fuente, además de otros puntos como el impuesto al patrimonio y las tarifas del impuesto unificado para el régimen social.
El expediente D-15213 será el objeto de discusión, el cual recoge varias demandas contra esta ley, enfocándose especialmente en los apartados previamente mencionados. Esta situación surge después de que, a finales del año anterior, la misma corte derogara el artículo sobre la no deducibilidad de las regalías minero-energéticas, decisión que impactó directamente las expectativas de recaudación del gobierno, que se estimaban en $3,2 billones. Tal medida había sido considerada esencial para incrementar los fondos del Presupuesto General de la Nación durante los años venideros.
A raíz de la eliminación de la no deducibilidad de las regalías, el Ministerio de Hacienda proyectó una significativa merma en la recaudación fiscal, estimando una reducción de ingresos de $3,38 billones para el 2023, seguido de disminuciones graduales hasta el 2026. Esta caída en la recaudación implicaría ajustes necesarios en el presupuesto destinado a las diferentes ramas del poder público. El presidente Gustavo Petro había expresado anteriormente que el Ministerio de Hacienda necesitaría realizar cortes presupuestarios como consecuencia de la decisión de la Corte.
La discusión en la Corte Constitucional sobre estos temas es fundamental, no solo por sus implicaciones fiscales sino también por el efecto que podría tener en la financiación de los proyectos y políticas del gobierno actual. Los resultados de esta evaluación tendrán, por tanto, un impacto directo en la capacidad del Gobierno Nacional para implementar su agenda legislativa y en el manejo de las finanzas públicas del país.
*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial
