La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado finalmente 63 años de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por utilizar «una red societaria nacional e internacional» para dejar de pagar impuestos, según especifica el escrito de conclusiones finales presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid que juzga la gestión del patrimonio del que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). La fiscal Elena Lorente sí ha elevado el importe de determinadas cuotas presuntamente defraudas, como la de 2008. La fiscal le atribuye 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
En concreto, se le acusa de haber traído de forma irregular a España una parte de los beneficios: «Y a partir de 2006 se han repatriado a través de una estructura configurada por la sociedad británica Vivaway Limited y su filial Kradonara SL», especifica el escrito, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial.
La fiscal también sostiene que Rodrigo Rato se valió de la sociedad Arada SL para tributar fraudulentamente los ingresos que percibió de las conferencias que realizó en los años 2009, 2010 y 2012.
