El pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la reforma del Código Penal que castigó a partir de 2022 el acoso a las mujeres que acudían a clínicas abortivas para interrumpir su embarazo. La sentencia ha salido adelante con la misma mayoría con la que el órgano de garantías acaba solventando los asuntos con más carga ideológica a los que se enfrenta es decir, por siete votos a cuatro.
El alto tribunal ha informado de que el pleno ha hecho suya la propuesta de resolución de la magistrada María Luisa Balaguer, a la que correspondió la ponencia y que es partidaria de rechazar el recurso que presentaron los diputados de Vox contra el artículo único de la ley orgánica con la que se modificó el Código Penal para castigar como un delito de coacciones el acoso que sufren las mujeres que acuden a abortar a las clínicas específicas. Los magistrados Concepción Espejel, César Tolosa, Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo han anunciado la redacción de un voto particular.
La reforma, que salió adelante en el Congreso con los votos en contra de los diputados del PP y de Vox, incluyó penas de prisión de tres meses a un año para quien cometa “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” que “menoscaben la libertad de las mujeres”. Los tribunales, además, pueden imponer la prohibición de acudir a determinados lugares por períodos de seis meses a tres años.
La sentencia que ha contado con el apoyo de los siete magistrados que constituyen la mayoría progresista considera que enseñar fotografías de niños, insultar a las mujeres y manifestarse en las puertas de las clínicas supone una coacción encaminada a hacer que quienes, por las razones que sean, hayan decidido abortar, se replanteen su determinación, y castigar esas conductas, es plenamente constitucional, por lo que el recurso del partido ultraderechista debe ser rechazado.
La sentencia con la que el Constitucional avaló el derecho al aborto también fue respaldada por siete votos frente a cuatro. Es el mismo respaldo con el que ha contado el castigo al acoso: el del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, y los magistrados Ramón Sáez, María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso.
En contra de la propuesta de la sentencia de Balaguer votaron Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y César Tolosa.
