Madrid, 23 jul (EFE).- El Gobierno ha acordado en su reunión de este martes considerar a la región del Sahel y la colaboración en materia de migraciones como áreas “prioritarias” de la Cooperación Española para los años 2024-2027.
Así lo ha acordado el Consejo de Ministros con la aprobación del Plan Director de la Cooperación Española para los años 2024-2027 y el Estatuto de las Personas Cooperantes, que garantiza una “carrera profesional digna” y protege las condiciones laborales de estas personas.
El nuevo Plan, presentado en rueda de prensa tras la reunión del Gobierno por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, incluye a los países de África Occidental y el Sahel como “regiones prioritarias” para mejorar la cooperación en materia de migraciones, mientras que el Estatuto de los cooperantes refuerza los derechos de las personas cooperantes y sus familiares, ha detallado Albares.
El ministro también ha asegurado que el Plan Director sienta las bases para hacer frente a “los grandes desafíos globales actuales como la construcción de la paz, el hambre, las desigualdades o la crisis climática”.
Además, permitirá una cooperación española reforzada, “capaz de seguir estando presente de forma eficaz donde más se la necesite”, ha explicado.
Según el nuevo plan, los países de origen de los flujos migratorios requieren un refuerzo de la cooperación para abordar las causas profundas de las migraciones, ha detallado Albares, quien ha recordado sus recientes viajes a países de la zona como Cabo Verde, Gambia y Senegal, para reforzar la interlocución política y la cooperación.
La cooperación española priorizará también el trabajo con los países socios del norte de África, Oriente Medio y el África subsahariana, así como con los países de América Latina y el Caribe, con los que España comparte “fuertes vínculos y retos”.
El nuevo plan se centra en el papel de la cooperación internacional para lograr una triple transición justa en materia social, ecológica y económica y destaca la importancia de las estrategias de creación de empleo y educación, especialmente de las mujeres y niñas.
Además, refuerza la cooperación e interlocución con los distintos agentes de cooperación descentralizada como las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, sindicatos y ONG.
Por su parte, el Real Decreto del Estatuto de las Personas Cooperantes refuerza la protección de los derechos de los cooperantes especialmente, en materia de seguridad social y laboral, y los deberes tanto de las personas cooperantes como de las entidades promotoras.
Además, establece medidas para promover la formación y el desarrollo profesional de las personas cooperantes, así como para facilitar su reincorporación una vez finalizada su misión internacional.
Así, se vuelve a contemplar la garantía de un seguro colectivo concertado por la AECID, que se extiende al cónyuge o pareja de la persona cooperante, sus descendientes y sus ascendientes en el caso en que dependan de la persona cooperante.
Además, se incluye también a familiares en el reembolso de determinados gastos, como son los de obtención de permisos de residencia y trabajo, traslado de bienes muebles y viaje anual a España, y facilita la posibilidad, en el caso de familias monoparentales, de contemplar una persona cuidadora en sustitución del cónyuge o pareja.
El nuevo Estatuto también detalla la obligatoriedad para las entidades promotoras de la cooperación de dotarse de un plan de formación, así como la regulación de una formación previa a la persona cooperante y plantea la creación de una categoría profesional de persona cooperante en el Servicio Público de Empleo (SEPE).
El Plan Director y el Estatuto de las Personas Cooperantes son dos de los primeros hitos del despliegue de la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobada en febrero de 2023 fortalece la gobernanza del sistema de la cooperación con nuevos instrumentos de coordinación y colaboración entre actores.
Además de lo aprobado este martes, la nueva ley prevé la elaboración de otros cinco reales decretos que desarrollan su contenido como la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la reforma de la cooperación financiera, con la creación del nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), y la reforma de la normativa de subvenciones.
Además, establece el refuerzo de los mecanismos de coordinación dentro del Gobierno y con la cooperación descentralizada (comunidades autónomas y entes locales), y la creación del Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible. EFE
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