La Fiscalía de Madrid también ha recurrido la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa en la que el juez Juan Carlos Peinado ha imputado a su esposa, Begoña Gómez, al considerarla una prueba que «no es estrictamente pertinente» y carece de sentido, al ser notorio que son cónyuges, lo que, según la ley de enjuiciamiento criminal, le permite no declarar.
En un recurso de cinco páginas, el ministerio público se remite al auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 29 de mayo avaló la investigación abierta, pero «se preocupó de señalar y recoger» en su resolución el principio de igualdad ante la ley. «Y esta igualdad no puede hacer de peor condición a quien ejerce un cargo público relevante (ni a su esposa), y que, si bien puede ser objeto de las legítimas críticas en ámbitos variados, propios de una sociedad democrática, no debe verse abocado a un tratamiento procesal distinto ni más gravoso que el resto de ciudadanos», argumenta la fiscalía, para oponerse a la citación.
En su opinión, la diligencia acordada «no es estrictamente pertinente, toda vez que de la misma no se dirige a acreditar la influencia ni el prevalimiento propios del tipo penal objeto de las presentes diligencias (en la extensión que se quiera)», ni se ha hcho una «ponderación alguna sobre la proporcionalidad de la misma, atendiendo al previsible impacto y repercusión, con la sabida y previsible vaciedad probatoria«, que en su opinión supone la citación del presidente del Gobierno.
Para el fiscal, «es hecho notorio la relación que existe entre la investigada y su marido, así como el cargo que este ocupa. Precisamente el Presidente del Gobierno sería, en la retórica de los denunciantes, la “autoridad” a la que aludiría el tipo penal y de cuya relación se vale y prevale supuestamente la investigada para desplegar su presunta influencia. Por tanto, investigar “la posible relación de la persona investigada con una autoridad” resulta sencillamente incierto. Es notoria dicha relación.
