La reciente acusación del presidente Gustavo Petro hacia el exmandatario Iván Duque y la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, generó un fuerte debate sobre las implicaciones de las “inversiones forzosas” en el dinero de los colombianos, en especial los ahorros.
En un mensaje a través de la red social X (anteriormente Twitter), el mandatario colombiano los acusó de incitar al pánico económico debido a sus declaraciones sobre la propuesta de “inversiones forzosas” del Gobierno.
Según destacó el mandatario, dicha desinformación “acercó la banca a una salida masiva de ahorradores”, por lo que calificó el hecho como un delito tipificado en la ley.
Ahora bien, el “pánico económico” es un delito que se encuentra tipificado en la legislación colombiana en aras de proteger la estabilidad financiera, especificando que se comete cuando se divulga información falsa que afecta la confianza del mercado. Como explicó en un análisis el diario especializado en temas de leyes, Asuntos Legales, se trata de una ley reformada en el artículo 302 del nuevo Código Penal, que establece penas que van desde 32 a 144 meses de prisión y multas significativas.
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La definición del experto y profesor de la Universidad de Texas, Ramón Acevedo Blanco, “el pánico económico es el terror que en los gestores de negocios (sobre todo en institucionesbancarias y financieras, en las bolsas de valores, etc.) causan los rumores, las noticias exageradas, las operaciones sorpresivas (generalmente ficticias) por las reaccionesen cadena y en ocasiones desesperadas que tales actos suscitan, los cuales perturban profunda y fatalmente a veces el orden económico social”.
Francisco Bernate, abogado penalista, explicó al portal informativo que “para que se configure este delito, no es necesario que se afecte a una empresa específicamente, el solo hecho de divulgar una información incorrecta ya lo constituye”.
Dice el Código Penal en su artículo 302 que “el que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Agrega la normativa que “en las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colectiva de personal que labore en empresa industrial, agropecuaria o de servicios”.
El contexto de las acusaciones del presidente es que el exmandatario Iván Duque usos sus redes sociales para expresar que la propuesta del presidente Petro de imponer “inversiones forzosas” equivaldría a la expropiación de ahorros, y denunció: “Lo que llaman «inversiones forzosas» no es otra cosa que el inicio del «exprópiese» de los ahorros de la gente en los bancos”.
Por otro lado, Vicky Dávila declaró que Petro la había amenazado gravemente por expresar su opinión, asegurando que esto representa “una clara y grave amenaza a una periodista”.
Algunos casos de este delito en el país
El medio realizó un recuento de situaciones históricas que encajarían en esta modalidad delictiva. Una de ellas fue incidente durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, cuando fue denunciado por el jurista Jaime Granados por anunciar la posible fusión entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (Eaab) y la Empresa de Energía de Bogotá (Eeb). Este anuncio generó una pérdida significativa para la ciudad.
Un caso similar ocurrió en 1999, cuando José Omar Olaya Rivera, un ciudadano que fue arrestado por sembrar pánico económico en línea al afirmar que Davivienda estaba en quiebra a través de una mensaje de internet. El hecho provocó retiros masivos de ahorradores.
Julio José Orozco, abogado comercialista, explicó a Asuntos Legales también que a medida que las leyes se fueron actualizando, delitos como el de pánico económico quedaron bien definidos bajo el nuevo Código Penal. “El bien jurídico tutelado en dicho artículo es el mercado económico y el sistema financiero”, afirmó Orozco.
Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) se sumó al rechazo de la propuesta de inversiones forzosas. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, comentó que esta iniciativa ya había sido probada sin éxito en otros países como Argentina y Venezuela y expresó sus preocupaciones sobre la implementación de esta medida en Colombia.
