La Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), presidida por María del Rosario Piedra Ibarra, compartió un comunicado de prensa en que explica sus motivos de por qué no presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial promulgada ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprovechó para impulsar y justificar que la Guardia Nacional (GN) pase a ser controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
La dependencia aseguró que han recibido presiones por parte de actores partidistas con el fin de que se interponga un recurso legal con el fin de paralizar los efectos de la reforma judicial.
“Actores partidistas han tratado de presionar a esta Comisión Nacional a efecto de que interponga una acción de inconstitucionalidad de paralice los efectos de la reforma y así usar a esta órgano autónomo para satisfacer ambiciones de grupo, ajenas a los intereses de las y los mexicanos. Son las argucias que siempre han utilizado, y por eso su empeño en manipular a la CNDH y sumarla a sus cálculos”, se lee en el pronunciamiento.
La dependencia aseguró que durante el procedimiento legislativo no identificaron vicios, pese a que durante la sesión del senado la bancada de MC denunció la detención arbitraria del padre del senador Daniel Barreda que le impidió asistir a la votación; por tanto defienden que no debería proceder una acción de inconstitucionalidad.
“Su análisis en la Cámara de Diputados y el Senado de la República fue exhaustiva y suficiente, a pesar de un ambiente por momentos ríspido y los desafortunados internos de violencia en el Senado, la aprobación final de la reforma fue pacífica y apegada a derecho, reflejo del sistema democrático.
“Dado que no se identificaron vicios en el procedimiento legislativo y que la reforma modifica directamente la Constitución, no puede ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad porque no se trata de una norma inferior sujeta a comparación con la Constitución.
En este sentido, la institución impulsó de la iniciativa de reforma que provocaría que la Sedena absorba y se encargue del control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, justificando la decisión con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y la tortura de quien hicieron pasar por su asesino, y la supuesta corrupción en el caso de Ernestina Ascencio Rosario en 2007.
“Por eso apoyamos la nueva estrategia de seguridad y decisión de otorgar a la Sedena el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional; por eso evidenciamos la conclusión del Estado en el crimen de Luis Donaldo Colosio y en la tortura de quien hicieron pasar por su asesino; por eso visibilizamos la corrupción que rodeó el caso de Ernestina Ascencio Rosario, ocultado por la CNDH en 2007 por órdenes presidenciales”, se lee en el pronunciamiento de la CNDH.
