El Gobierno de Israel ha remitido este viernes ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) un recurso que pone en cuestión la jurisdicción de dicha corte para solicitar el arresto de altos cargos como el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el titular de Defensa, Yoav Gallant, vinculados a la comisión de abusos en ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.
El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, solicitó el arresto de Netanyahu y Gallant –también de líderes de Hamás– por presuntos crímenes de guerra, pero a la espera del dictamen que puedan adoptar los jueces el Gobierno israelí ha querido remitir dos informes para tratar de frenar los movimientos de La Haya.
En uno de ellos, apunta a la «falta de jurisdicción en el presente caso», mientras que en otro recrimina a Khan que no brindase a las autoridades de Israel «el derecho a investigar» antes las sospechas esgrimidas por la Fiscalía del TPI antes de poner sobre la mesa la petición de arresto.
Según el portavoz del Ministerio de Exteriores, Oren Marmorstein, otros países «comparten la posición» israelí. «Ninguna otra democracia, con un sistema legal independiente y respetado como el que existe en Israel, ha sido tratado con tantos prejuicios por la Fiscalía», ha denunciado.
El fiscal del TPI insistió en agosto en que es «urgente» que la corte se pronuncie sobre las órdenes de arresto, revisadas recientemente para incluir la muerte del anterior jefe político de Hamás, Ismail Haniye, señalado en un inicio. No existe plazo fijo para conocer un dictamen final, si bien Khan advirtió de que la situación en Gaza es «catastrófica».
