Surgió una nueva polémica alrededor del escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), en el que Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, alias El Pastuso, utilizaron contratos con un valor de $40.000 millones, destinados a comprar carrotanques para llevar agua a La Guajira, para enriquecerse ilícitamente y sobornar a congresistas con el fin de que se aprobaran las reformas sociales de Gustavo Petro en el Congreso de la República.
En una carta dirigida al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Misael Rodríguez, el exdirector de la entidad encargada dirigir la puesta en funcionamiento de la gestión del riesgo de desastres, pidió a la Sala de Instrucción centrar su atención en varias irregularidades de carácter grave en el proceso que el órgano de control adelanta contra el representante a la Cámara por el Partido Conservador Wadith Manzur.
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En la misiva, el remitente aseguró que, a lo largo del proceso en el que funge como testigo clave, se han perdido pruebas determinantes. Entre ellas, filtraciones, incluso denunció un presunto soborno de $13.000 millones por parte de Edgar Eduardo Riveros y Luis Barreto a Pinilla para que él y López Rosero dejaran de colaborar con la justicia y omitieran detalles críticos de los contratos.
“Hemos sido objeto de intentos de soborno, los cuales denunciamos de manera inmediata, pero no ha pasado nada; los máximos responsables siguen impunes”, puntualizó Olmedo López en el documento.
A propósito, el exfuncionario indicó la perdida de discos duros y los datos de los computadores de la Casa de Nariño, en específico del computador de la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, además de las 69 cajas de la Ungrd, que contenían contratos sobre las irregularidades cometidas por los tres acusados.
El exdirector de la Ungrd también señaló en la carta enviada a la Corte Suprema de Justicia sobre su principio de oportunidad, que todavía no ha sido ratificado por la Fiscalía General de la Nación, y a su silencio durante las audiencias citadas por el alto tribunal. Asimismo, el acusado de enriquecimiento ilícito y otros cuatro crímenes más solicitó a la Corte Suprema de Justicia “regularizar su situación jurídica y garantizar su seguridad cuando sea llamado a declarar en calidad de testigo”.
Mientras el alto tribunal determina si considera las solicitudes de Olmedo López, este aguarda por una respuesta en el cantón militar Caldas en Bogotá, luego de que el 21 de agosto de 2024 el juez Cidulfo Hernández, a petición de las defensas de los acusados quienes alegaron que el Inpec no estaba en capacidad de velar por su seguridad, envió a los tres procesados a guarniciones militares mientras continúan investigando el caso.
“El juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la ciudad de Bogotá accede de forma positiva la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y de los abogados defensores y en consecuencia se impone una medida de aseguramiento privativa a los ciudadanos Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López”, indicó Hernández.
A su vez, el togado reveló que Sneyder Pinilla también permanecerá recluido en el Cantón Militar Caldas, en Bogotá, luego de que las entidades competentes adelanten el papeleo respectivo para autorizar el traslado.
Luis Eduardo López, contratista encargado de realizar las gestiones para obtener de manera ilícita $46.000 millones en sobrecostos en la compra de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, irá a la estación de carabinero E-26 en la capital del país conforme la disponibilidad que reporte la Policía Nacional al momento de hacer la solicitud de medida de aseguramiento.
