Tras permanecer siete días secuestrada por el frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc (EMC), en la mañana del pasado sábado 21 de septiembre, fue liberada Sandra Betancourt, concejala del municipio de Argelia, Cauca.
Su liberación se logró gracias a la intervención de una comisión humanitaria de la Cruz Roja Internacional en Colombia (Cicr), que se desplazaron al corregimiento El Plateado para que la funcionaria pudiera abandonar su cautiverio.
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Sin embargo, cuando iba a ser entregada a los delegados del organismo internacional, un miembro del grupo subversivo le informó que debía abandonar el departamento, con el fin de que mantenga su vida a salvo.
“No sé cómo va a ser para poder seguir siendo concejala, pero usted no puede volver al Cauca, es mejor que esto sea así para evitarnos problemas, pero usted debe salir del departamento, todos los frentes del comando conjunto del occidente tienen la consigna de hacer cumplir esto”, mencionó uno de los líderes de las disidencias durante la entrega de la cabildante a delegados del Cicr.
Betancourt fue secuestrada el domingo 15 de septiembre, cuando se encontraba departiendo con conocidos en un establecimiento comercial de El Plateado. Allí, sujetos desconocidos llegaron al sitio, se llevaron retenida a la funcionaria.
En un comunicado, las disidencias manifestaron que la retención de la cabildante de Argelia se debió por su presunta participación de malversación de fondos durante su gestión como presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Plateado, así como en el crimen de un expresidente y líder social del corregimiento caucano.
“La banda de los Márquez citan a líderes y miembros de la comunidad, donde les ordenan salir a reclamarla, ante lo que estos lo niegan. Haciendo muy evidente su relación”, se lee en un comunicado.
Ante esta situación, un grupo de delgados del Comité Internacional de la Cruz Roja adelantaron las gestiones correspondientes para la liberación de Sandra Betancourt, que a inicios de septiembre había regresado del territorio, luego de que fuera víctima de amenazas.
La liberación de la concejala fue recibida con alivio por sus familiares y colegas, quienes habían estado en constante comunicación con las autoridades y la Cruz Roja durante todo el proceso. Incluso, la organización humanitaria destacó la importancia de mantener canales de diálogo abiertos y la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto.
“Facilitamos esta liberación como intermediario neutral y por solicitud directa de las partes involucradas. Esto fue posible gracias al diálogo bilateral y confidencial que sostenemos con los actores armados estatales y no estatales, y a la confianza que depositan en nuestra labor humanitaria imparcial”, señaló Juan Carlos Carrera, jefe de la subdelegación del Cicr en la ciudad de Cali.
Más de 20 personas fueron liberadas al Cicr
El Cicr señaló que en lo corrido de este año, han facilitado la liberación de 20 personas que estaban en poder de grupos armados, como las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Clan del Golfo, entre otros.
“Los ocho conflictos armados y la violencia que hay en el país siguen teniendo efectos profundos sobre la población civil. Por eso reiteramos nuestra disposición para facilitar como intermediario neutral otras operaciones humanitarias que puedan ayudar a mitigar estos efectos. Así mismo, instamos a las todas las partes de los conflictos armados a adoptar acuerdos especiales que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población afectada (…) El Cicr ofrece su experticia en derecho internacional humanitario (DIH) para asesorar o ayudar a implementar estos acuerdos si las partes así lo requieren.”, agregó Carrera.
El corregimiento de El Plateado es uno de los territorios que abarcan la Región del Cañón del Micay, donde se concentra la zona con mayor disputa entre las disidencias, al mando de alias Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia, que está bajo las órdenes de alias Iván Márquez, y el ELN liderado por alias Antonio García, respectivamente.
La lucha por el control territorial de estos grupos alzados en armas ha dejado a la población en una situación de vulnerabilidad constante, por lo que han exigido al Gobierno nacional que se ejecuten medidas que garanticen la tranquilidad en la región.
