La decisión del Gobierno alemán de imponer controles temporales aleatorios en todas las fronteras del país para «reducir la inmigración por vía irregular y mejorar la seguridad interior» desde el pasado lunes ha hecho saltar las alertas en toda la Unión Europea (UE) por las consecuencias que la medida podría tener sobre la zona de libre circulación de Schengen, uno de los principales logros del proyecto europeo y que engloba a 29 países (25 de ellos de la UE, todos menos Chipre e Irlanda).
El Ejecutivo tripartito (socialdemócratas, liberales y verdes) de Olaf Scholz anunció el 9 de septiembre esta medida tras varios ataques mortales con cuchillo registrados en el país, como el de Mannheim, en junio, en el que murió un policía a manos de un ciudadano nacido en Afganistán, o el de Solingen, cometido por un sirio en situación irregular y que aseguró haber jurado lealtad al Estado Islámico.
Según el Código de Fronteras Schengen, los Estados miembros pueden aplicar controles fronterizos en circunstancias especiales que pongan en riesgo el funcionamiento general del espacio, o para responder a una «amenaza grave para el orden público o la seguridad interior«, como ocurrió durante la pandemia del covid 19.
Pero en la decisión de Berlín no puede obviarse el contexto político, con las elecciones del pasado 1 de septiembre en Turingia y Sajonia, donde los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) quedaron en primera y segunda posición, respectivamente. Tras esos comicios, el líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, instó a un debilitado Scholz a «devolver a la frontera» a la migración irregular a cambio de su apoyo para evitar que la AfD llegue al poder. Los controles se impusieron unos días después, en vísperas de las elecciones regionales en Brandeburgo de este domingo, donde la extrema derecha podría resultar asimismo vencedora, según los sondeos.
Malestar en Estrasburgo
En el Parlamento Europeo, la decisión de Berlín ha causado malestar por las implicaciones que podría tener este nuevo zarpazo a Schengen para la libertad de movimiento de personas de la Unión. «Es una novedad poco agradable para el futuro de Schengen y no tiene correspondencia directa con la eficacia que puede tener. Eso funciona en casos de acontecimientos masivos o cuando hay una amenaza concreta identificada; con carácter general es un mal remedio» que podría acabar repercutiendo en el mercado único, señaló esta semana el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos en una conversación con periodistas en Estrasburgo.
Según el político vasco, que preside la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, se trata de una medida «excesiva», «muy radical» y que «descalifica a los países del entorno» sobre su capacidad para controlar la inmigración irregular. «Cabe la duda, además, de si esto neutraliza el discurso de la extrema derecha o lo refuerza», añadió.
Raquel García Hermida-van der Walle, eurodiputada por el partido neerlandés D66, que forma parte del grupo liberal Renew, advirtió del «efecto dominó» que puede provocar la decisión de Alemania. «Tras el anuncio, la ministra de Asilo y Migración de Países Bajos –la ultra Marjolein Faber– dijo que si Alemania puede, nosotros también», recordó esta política nacida en Madrid, antes de destacar los cada vez más frecuentes y «preocupantes» discursos políticos que vinculan inmigración irregular y criminalidad.
Por su parte, la socialista Hana Jalloul, exsecretaria de Estado de Migraciones y actualmente vicepresidenta de la Comisión de Exteriores de la Eurocámara, denunció la hipocresía de la medida y se preguntó «qué le va a facilitar a Scholz el cierre de fronteras» antes de instar al Gobierno alemán a mejorar su sistema de asilo.
Efecto real dudoso
Para las organizaciones de derechos humanos, la imposición de controles fronterizos es «muy preocupante«. «Es sin duda una decisión que afectará a la libertad de movimientos de los ciudadanos de la UE, pero también podría crear obstáculos al acceso a la protección de los refugiados en las fronteras», explica a EL PERIÓDICO Adriana Tidona, investigadora en migración europea en Amnistía Internacional, que igualmente advierte una motivación política tras la medida como consecuencia del auge de AfD en Alemania.
Falta por ver el efecto real a largo plazo de estas políticas en los flujos migratorios. Según Berlín, los controles introducidos en octubre del año pasado, también con el argumento de frenar la inmigración irregular, en los pasos con Polonia, República Checa, Suiza y Austria (a los que ahora se suman los de Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca) evitaron más de 30.000 entradas no autorizadas, aunque expertos en migración ven difícil demostrar una relación directa.
«Hemos comprobado cómo varios países han adoptado políticas más estrictas, ya sea legalmente o por medios ilegales como las devoluciones en caliente, y, sin embargo, los movimientos migratorios no se han detenido ni han disminuido, por lo que dudo que este tipo de medidas tengan efecto para frenarlos. Las personas que buscan seguridad seguirán moviéndose, buscando refugio», destaca Tidona.
Anuncios en otros países
A pesar de las críticas cosechadas en algunos de sus vecinos, otros Estados han aplaudido la medida de Berlín y han anunciado nuevas políticas en este campo. Países Bajos, con un Gobierno liderado por el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders, ha ido más lejos y ha solicitado su exclusión del pacto de asilo. Suecia, con una coalición centrista con la extrema derecha como aliado externo‚ incentivará el retorno de los inmigrantes a sus países de origen con hasta 34.000 euros. La vecina Dinamarca imprime ya desde hace años la línea dura a la inmigración, lo que supuestamente ha permitido a la socialdemócrata Mette Frederiksen frenar el ímpetu del ultraderechista el Partido Popular Danés, socio en anteriores gobiernos conservadores. Y la del Hungría ultranacionalista Viktor Orbán se ríe del giro dado por el tripartito de Scholz, al que da la bienvenida a su ‘club’. Es decir, el de los que cierran fronteras.
Alemania es un país sin fronteras exteriores, pero que sigue siendo el destino de muchos de los que ingresan en el bloque comunitario. Tiene unos 3,5 millones de refugiados, de los que 1,3 millones son ucranianos llegados desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022. Cada mes recibe unas 24.000 nuevas solicitudes de asilo, según cifras del Departamento Federal de Migración y Refugiados. Hasta finales de agosto, el total de este 2024 subía a 174.000 peticiones.
Los controles en las fronteras terrestres se denominan aleatorios, móviles y temporales. Pero en lo que concierne al este del país y concretamente a Polonia, sea en Frankfurt del Oder o en Görlitz, se han convertido en permanentes. Rompen la dinámica de unos ciudadanos que, tras el ingreso polaco en la UE, se habían acostumbrado a vivir a un lado de la frontera y trabajar en el otro o a hacer la compra diaria en el país vecino.
Expulsiones en caliente
El Gobierno de Varsovia, liderado por el liberal y europeísta Donald Tusk, ha puesto el grito en el cielo. Los controles terrestres alemanes amenazan la libre circulación en el espacio Schengen.
Scholz, sin embargo, afirma que no romperá con la legislación europea ni con la propia Constitución alemana con propuestas como las expulsiones en caliente en la frontera que reclama la conservadora CDU que lidera Merz. Según los sondeos, el conservador podría convertirse en el próximo canciller en las generales previstas para 2025, si es que la coalición de Scholz aguanta el año que le queda.
Schengen está amenazado desde varios flancos. Y la siguiente prueba serán las elecciones en Austria, el domingo 29 de septiembre, donde el ultraderechista FPÖ se perfila como primera fuerza. Viena se juntaría así al bloque de los radicales cerrojos al asilo representados por socios que en el pasado fueron modelo de acogida humanitaria, como Países Bajos, o a los que siempre la rechazaron, como Hungría.
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