Guillermo Peláez Álvarez (Oviedo, 1984) dejó hace poco más de un año su puesto de inspector en Madrid para asumir la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos. Y, meses después, el presidente del Principado, Adrián Barbón, le nombró portavoz de su gobierno. Además del trajín habitual de estas fechas por la elaboración del presupuesto, durante este otoño le tocará seguir lidiando con el encendido debate sobre la financiación autonómica surgido del pacto del PSC y ERC para investir a Salvador Illa, que abre la puerta a la salida de Cataluña del régimen común.
Un año después, ¿satisfecho con el cambio de vida?
El balance es muy positivo. Desde el plano personal, está siendo una experiencia enriquecedora, estoy aprendiendo muchísimo. Y, desde el punto de vista político, me gusta ver que lo que hago tiene un reflejo en la vida de la gente. No quiere decir que, como inspector de Hacienda, no lo tuviera, pero ahora impacta con inmediatez. Hemos logrado cosas muy interesantes, como aprobar los presupuestos de 2024, el vehículo material que posibilita el resto de políticas, como la nueva red de escuelinas, los esfuerzos en materia de Sanidad, tanto en atención primaria como en salud mental, el refuerzo del parque público de viviendas…
Lo que no estaba en el guión es que el debate de la financiación autonómica se abriera abruptamente con un posible cupo catalán. Hay quien achaca al Principado falta de claridad sobre su posición.
Creo que el Gobierno del Principado ha expresado su opinión con bastante claridad, tanto el Presidente, como la Vicepresidenta, como yo mismo. Hemos opinado en base al acuerdo suscrito por la mayoría de las fuerzas políticas en la Junta General y ratificado por otras siete comunidades autónomas en la «Declaración de Santiago». El otro día, en mi intervención en la Junta, donde fui inquirido con bastante reiteración por parte de los grupos parlamentarios, expresé nuestra posición actual, que es la misma de siempre: tratar de llevar a buen puerto ese acuerdo en la Junta. Pero hay que entender el contexto político, que supone que todas las comunidades tenemos una posición diferente en materia de financiación y que no es momento de abrir una guerra entre territorios. Puedo entender que eso le interese al PP porque hay territorios donde tiene escasos resultados electorales. Esa guerra de tierra quemada le puede ser útil. Pero nosotros creemos que todos los territorios tenemos una posición distinta en materia de financiación y le toca al Gobierno de España hacer una propuesta. Cuando la haya, la valoraremos, haremos números y no aceptaremos nada que vaya en perjuicio de Asturias.
O sea, ¿la salida de Cataluña del régimen común no es necesariamente negativa para Asturias?
Mire, en el año 2009, cuando se reformó por última vez el modelo de financiación, la Generalitat de Cataluña, gobernada también por el PSC en el famoso tripartito, tenía una posición muy similar. Y Asturias también tenía una postura muy similar a la de ahora. Se abrió un proceso intenso de negociación entre territorios y resultó un modelo de financiación que aprobaron todas las comunidades porque todas recibieron más recursos. Y fue un modelo que funcionó muy bien durante cuatro o cinco años. Esos son los antecedentes: todas las reformas del modelo de financiación han terminado con más recursos para las comunidades, como corresponde a un Estado descentralizado. Por eso, queremos desmarcarnos de una guerra entre territorios y allanar el terreno para que haya una negociación intensa y, a la vez, discreta. De momento, el Estado no ha aclarado cómo se va a materializar nada. Hay que esperar.
Asturias es ya una potencia turística, con la ecotasa se actúa en consecuencia
¿Es posible más dinero para todos con Cataluña fuera del régimen común y sin subir impuestos?
Es que yo no le he escuchado a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda que Cataluña vaya a salir del régimen común. Vamos a ver cuál es la propuesta que nos hacen. Una organización como Fedea decía hace poco que el acuerdo admite muchas interpretaciones y que hasta es posible que la contribución de Cataluña sea mayor que la de ahora. Nosotros compartimos el diagnóstico de que todos los territorios estamos infrafinanciados y todo debe pasar por una mayor descentralización de los ingresos por parte del Estado, en congruencia con la descentralización del gasto que ya se ha hecho.
Entonces, el pacto catalán es compatible con que Asturias reciba más recursos.
Es compatible que Asturias reciba más recursos siempre que el Estado descentralice más ingresos.
¿Por qué no apoyó el PSOE esta semana una propuesta contra el posible cupo catalán en la Junta?
Porque creemos que no es el momento de abrir una guerra entre territorios que pueda suponer un obstáculo a esa negociación multilateral. Esa guerra le interesa al PP, que curiosamente gobierna en doce autonomías y no es capaz de formar una posición única en materia de financiación. Hubo una conferencia de presidentes del PP que cristalizó en un documento donde no hay una sola propuesta en materia de financiación porque no son capaces de coordinar algo concreto. La posición de Galicia, por ejemplo, es radicalmente distinta a la de la Comunidad Valenciana. Ni siquiera se ponen de acuerdo en el fondo transitorio. Respecto a la votación del otro día en la Junta, hay que recordar que fue en la comisión de Hacienda donde se produjo esa votación y no en el Pleno. Hubo una anomalía democrática porque las comisiones tratan de representar a los grupos parlamentarios de acuerdo a su fuerza en la Junta. Pero, en la comisión de Hacienda, esas mayorías no se cumplen porque el voto ponderado del grupo mixto lo ejerce Foro Asturias y no la diputada Covadonga Tomé. De ahí que hayan usado la comisión de Hacienda para aprobar ese acuerdo. Sabían que respetando la mayoría democrática del Pleno salida de las urnas, no lo habrían podido aprobar. Y quiero añadir algo. Desde el PP, nos acusan de tibieza con respecto a la postura hacia la financiación. Y nos acusa de tibieza alguien como el diputado Luis Venta Cueli. Teniendo en cuenta sus antecedentes, queda claro que estamos en la mesura exacta, donde debemos estar.
Cuando se conoció el pacto en Cataluña, el presidente Barbón estaba de vacaciones y usted suspendió su baja por paternidad para ofrecer la visión del Principado. ¿Cómo fueron aquellas horas?
Me gustaría aclarar un matiz. Yo no estaba de baja, aunque coloquialmente se use ese término. En puridad, la baja es la incapacidad temporal para trabajar. Yo estaba disfrutando del permiso de paternidad, es decir, yo no estaba impedido para trabajar. Estaba en pleno disfrute de mis capacidades físicas y mentales cuando hice aquellas declaraciones. Lo que hicimos entonces fue tomar un tiempo para leer el pacto entre el PSC y ERC. Y, en cuanto lo analizamos detenidamente, manifestamos cuál era nuestra opinión. El documento admite interpretaciones y nosotros hicimos la advertencia de que, en Asturias, nos gustaría que se mantuviera un régimen común para todas las comunidades autónomas. Y dijimos que el principio de ordinalidad no debería primar en el reparto de recursos. Vimos que en aquellas horas salían declaraciones muy grandilocuentes que no respondían a la literalidad del texto. Nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Obviamente, mi intervención, como consejero de Hacienda y portavoz, estuvo coordinada con el Presidente.
¿No hay tensiones internas en el PSOE asturiano por el pacto en Cataluña, como ocurre en otras federaciones socialistas?
El único debate que tenemos dentro del Partido Socialista es hacer efectivo el acuerdo de la Junta General, que, por otra parte, contiene las resoluciones de nuestros congresos como partido. Hay una unanimidad absoluta dentro de la FSA y del Gobierno regional en eso.
La polémica por la financiación ha estallado en plena elaboración de los presupuestos autonómicos. De mano, habrá casi 400 millones menos para inversión. No es poco.
Así es. Y tiene una explicación. Por cómo funciona el modelo de financiación autonómica, el Estado calcula a priori unas entregas a cuenta en función de la presunta recaudación que va a obtener en nuestra región. Cada dos años, se liquida el modelo de los dos años anteriores y nos liquidan el saldo. Lo que ha pasado es que en los años 2021 y 2022 se creció al 9 y el 6 por ciento. Crecimientos muy potentes. Eso supuso que el Estado infradotó las entregas a cuenta y ahora, en 2023 y 2024, nos devolvió esa diferencia. Como en 2023 el Estado ajustó bien las entregas a cuenta, ahora no hay una liquidación cuantiosa. Esto supone que, en 2024, recibimos 470 millones de euros que debimos haber recibido en 2022. Pero ahora nos liquidarán 2023 y nos ingresarán 230 millones. Son muchos millones menos. Por otro lado, están los fondos europeos. Calculamos que la reducción puede ser de en torno a los 100 millones porque se trata de dinero que ya hemos ejecutado. Y, por último, están 60 millones de margen de déficit, que esperamos se pueda aprobar en el Congreso.
¿Ve posible ese acuerdo en el Congreso?
El PP se opone y encima no da ninguna explicación. No quiere discutirlo y simplemente vota «no» por hacer la puñeta. Está en su dinámica de bloqueo. Vota «no» incluso contra los intereses de las comunidades que ellos gobiernan. No se entiende. Europa nos está pidiendo un ajuste en nuestras cuentas públicas y el Gobierno se ha abierto a que del 0,1% de superávit, su intención inicial, las autonomías podamos pasar a un 0,1% de déficit. Eso es gracias al fuerte crecimiento económico. Es una posición que nos parece razonable y que nos permitiría tener más recursos. En el caso de Asturias, esos 60 millones. Pero el PP no quiere y no dice por qué.
¿Están en juego inversiones relevantes con estos casi 400 millones menos?
Nosotros éramos perfectamente conscientes de que esos ingresos del modelo de liquidación eran extraordinarios. Fuimos responsables frente a lo que nos pedía el PP de aplicar una rebaja de impuestos. Mantuvimos nuestro sistema tributario con la vía fiscal asturiana. Decidimos emplear todos esos recursos en inversión productiva. Por eso, tuvimos dos años de inversión récord: mil millones en total. Ahora, cuando no tenemos esos recursos extraordinarios, es normal que se vea reducida la inversión. Pero lo importante es que no hemos comprometido la inversión porque no hemos adoptamos medidas estructurales ni de gasto corriente ni de reducción de ingresos. Hemos sido responsables.
Pero en algo se notará…
Tenemos garantizadas las inversiones en materia de educación, las 600 viviendas públicas también están garantizadas… En materia de salud, están aseguradas obras como la de Cabueñes, así como la reforma de los consultorios periféricos o el consultorio de San Martín del Rey Aurelio… Las principales inversiones están garantizadas.
¿Y cuáles no?
Es probable que inversiones nuevas que hemos ejecutado con el presupuesto actual no se lleven a cabo o las llevemos a cabo en un horizonte de legislatura. Pero vuelvo a repetir: las principales están garantizadas.
Para la prometida Oficina Económica ligada a Presidencia habrá que esperar al presupuesto. ¿Por qué?
No podría ser de otra forma.
En Galicia se creó en días.
Esta oficina es una decisión muy meditada. Creemos que va a mejorar la captación de inversiones, algo que se toma muy en serio el Presidente y que es una prioridad para el Gobierno. Ya hemos abierto la Oficina Económica de Madrid, prevista en los presupuestos de 2024. Y hemos creado una nueva subdirección general. Y ahí está la agencia Sekuens. Pero estas cosas hay que diseñarlas. Queremos que en la Oficina Económica haya gente muy potente trabajando con medios económicos y humanos. Eso requiere de una dotación presupuestaria.
O esa, no había opción a una vía exprés.
Si la vía exprés es hacer un mal diseño o poner la oficina por ponerla, no tiene sentido.
Sus socios de IU han pedido que la diputada Covadonga Tomé sea su aliada permanente. ¿Quiere decir eso que aprobarán con su voto decisivo los presupuestos?
A nadie se le escapa la sensibilidad política de este gobierno progresista y reformista. Es un gobierno de izquierdas. Y es normal que el proyecto de presupuestos sea más fácil que lo apoye la diputada Covadonga Tomé, que también se encuentra en la izquierda. Pero nuestra vocación es negociar el proyecto de presupuestos con todas las fuerzas políticas. No en vano, los presupuestos de 2024 fueron aprobados por una amplia mayoría transversal.
Se refería antes a la buena marcha de la economía española. ¿Qué previsiones maneja para la asturiana en 2025?
Gracias a esos dos años de mil millones de inversión productiva, la economía asturiana está creciendo a muy buen ritmo. Según varios estudios, entre ellos del Banco de España, es posible que Asturias en 2025 crezca por encima de la media de España, una novedad muy relevante. Esto pone de manifiesto el dinamismo de la economía asturiana y el impacto que está teniendo el tirón del turismo en nuestro PIB. Y, en 2025, también es probable que seamos la comunidad autónoma cuya renta per cápita más haya crecido desde la pandemia. Esto pone de manifiesto que estamos acertando con las reformas y con la estabilidad. También hay que recordar el buen comportamiento del mercado laboral.
En 2025 podemos crecer por encima de la media y tener la renta que más subió desde la pandemia
Hablemos de impuestos. En la Junta dijo que puede haber «pequeñas operaciones quirúrgicas». ¿Qué significa eso?
El crecimiento económico de Asturias supone que la recaudación prevista se vaya a incrementar en un 8,5 por ciento con respecto a 2024. Eso compensa en parte esos casi 400 millones menos de inversión. De ahí que el presupuesto este año se vaya a cerrar en una cifra muy similar a la del año pasado. Dicho esto, la prestación de los servicios públicos sube, de ahí que la inversión vaya a será menor. Pero la cifra del presupuesto será similar.
Entonces, no habrá cambios fiscales.
La vía fiscal asturiana funciona. La batería de deducciones está funcionando muy bien. Hemos aprobado el tipo cero al suelo rural en el impuesto de transmisiones, que tiene un impacto muy potente en Asturias. Hemos modificado el impuesto de donaciones para que las clases medias puedan donar en vida. Y ahora es el momento de analizar. Esas pequeñas operaciones quirúrgicas pues se podrían implementar en el IRPF o a través de medidas para ayudar al desarrollo de alguna política concreta.
Lo que sí habrá es tasa turística, voluntaria para los ayuntamientos. ¿Cómo y cúando?
En la elaboración de la ecotasa contaremos con todos los agentes sociales. Con Otea, por ejemplo. La ecotasa servirá para que los ayuntamientos tengan mayor capacidad financiera. Hay algunas comunidades que ya la tienen y vamos a trabajar el derecho comparado para diseñar esta ecotasa. El otro día, el presidente de la Xunta de Galicia acogió la propuesta de Asturias con muy buen talante. Santiago de Compostela sufre una presión muy potente y ha solicitado diseñar una ecotasa. Pues bien, el presidente de la Xunta nos ha dicho que va a seguir cómo lo vamos a hacer en Asturias. El PP de Asturias debería de tomar nota, tanto que se compara con el PP gallego. Somos ya una potencia turística y hay que actuar en consecuencia.
Esta semana se ha firmado el acuerdo de concertación, que recoge un tres por ciento anual para infraestructuras y un dos por ciento para ciencia. ¿Se va a cumplir ya?
Tenemos que hacer números. Lo que busca la concertación es marcar ese objetivo para no bajar de ahí. Nuestro modelo productivo necesita una transición porque ya se está girando hacia ahí. Somos la cuarta región con mayor número de empleados en I+D+i, tras Madrid, Cataluña y el País Vasco. En la Junta General, está la Ley de Ciencia, con muy buenos comentarios por parte de los agentes sociales y que contiene también compromisos en materia de inversión. Pero lo primero que hay que hacer es poner en valor la concertación, que ya es tradición con los gobiernos socialistas asturianos. Muestra la capacidad de diálogo del Gobierno con empresarios y sindicatos. Dicho esto, para llevar a cabo estos acuerdos debe haber unos presupuestos. Por lo tanto, hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas.
La ley de proyectos estratégicos defiende el interés general, no está hecha para una empresa
La concertación deja morir el área metropolitana en favor de otro modelo de uniones de municipios. ¿Por qué?
Es evidente que en el gran área metropolitana que conforman Oviedo, Gijón y Avilés se concentra la mayor parte de la población de Asturias y hay mucho que coordinar. Pero intentar gestionar el área metropolitana de arriba hacia abajo es muy complejo porque hay que respetar la autonomía de los municipios. Solo vamos a conseguir regular un área metropolitana si implicamos a los municipios, si son ellos quienes llegan a la conclusión de que cooperar es mejor para ellos. Y ese es el modelo que queremos poner en marcha. El objetivo es el mismo: coordinar para mejorar la gestión de lo público. Y, además, este nuevo modelo sirve también para municipios que no están en el área metropolitana.
La patronal ha arañado nuevos mecanismos de financiación en ese acuerdo.
La financiación bancaria para las empresas es muy rígida. Y, efectivamente, en la concertación hay tres medidas muy positivas ante este problema: un fondo de capital riesgo para que las pequeñas empresas tecnológicas tengan capacidad para financiarse, créditos a tipos reducidos avalados por el Principado y vamos a crear el Fondo de Consolidación Empresarial de Asturias para tomar posición en las empresas con arraigo en Asturias que requieran capital que incremente su capacidad productiva.
Una última de empresas. ¿Está pensada la ley de proyectos estratégicos para que la multinacional Costco se asiente en Asturias, como dicen algunos sectores? ¿Es una ley ad hoc?
Si fuera una ley ad hoc no existiría algo parecido en otras comunidades autónomas. Los agentes sociales ya pedían esta ley antes de esa polémica y figura en nuestro programa legislativo. Lo que trata esta ley es de defender el interés general. Y a nadie se le escapa que hay determinados proyectos que van en favor del interés general. Y, por eso, debe haber un esfuerzo administrativo extra en favor de este interés general. Para nada esta ley está pensada para algo ad hoc. Ya la hay en otros territorios.
Suscríbete para seguir leyendo
