El Instituto Interamericano por la Democracia (IID) denunció al juez Federico López Alzogaray, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero por violaciones de Derechos Humanos de un agricultor de la provincia del norte argentino. Según la denuncia, el magistrado a través de una maniobra judicial logró en tiempo récord que le concedieran una medida cautelar que le permitió quedarse con las tierras de Manuel Ardiles, un campesino que las había heredado hace más de 50 años de su padre quien las había adquirido por prescripción adquisitiva en un juicio con sentencia firme que estaba inscripta en el Registro de la Propiedad.
De acuerdo con la investigación que hizo el IID, López Alzogaray hostigó y amenazó a la familia Ardiles y luego los desalojó de su casa y de sus tierras. Pero el juez santiagueño no se conformó con eso sino que los encargados de llevar adelante el desalojo le incendiaron la casa, cortaron el agua, talaron un pequeño bosque donde se guarecían los animales de Ardiles que como consecuencia de esto murieron.
Infobae dialogó con el Presidente del Instituto Interamericano por la Democracia, embajador Armando Valladares y con el secretario y abogado de la entidad, Marcel Feraud.
– ¿Cómo llega a conocimiento de ustedes el caso de la familia Ardiles?
Armando Valladares: Nosotros somos una organización, el Instituto Interamericano por la Democracia, que entre nuestras actividades, para nosotros la más urgente, es la defensa de los Derechos Humanos. Tuvimos conocimiento de lo que había ocurrido con la familia Ardiles y nos interesó el tema. Vinimos hasta aquí, fuimos a la casa donde le dieron un refugio a esa familia. Él tenía 60 años y había heredado del padre ese pedazo de tierra con todos los documentos, con todos los títulos de propiedad. Es decir, desde el punto de vista legal era totalmente legal, no había nada que no estuviera fuera de la ley. Sin embargo el presidente de la Suprema Corte, el señor Federico López Alzogaray ambicioso y deseoso de seguir ampliando su propiedad ya había desposeído de la tierra a ocho o diez campesinos que lindaban con su propiedad y ese caso nos llamó la atención. Entendimos que era un caso que merecía que le diéramos atención.
Vinimos aquí hace un año y ocho meses, nos entrevistamos con los familiares, nos dieron el testimonio de todo lo que había sucedido, también con el abogado. Vimos inclusive videos que se tomaron cuando destruyeron y prendieron fuego la casa. Más de 50 policías los sacaron de su propiedad solamente con lo que tenían puesto, no le permitieron ni siquiera sacar una muda de ropa. Y en presencia de ellos empezaron a destruir la casa y le prendieron fuego. Así de sencillo. Nosotros pensamos que esto de verdad era un abuso. Reitero que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Santiago del Estero utilizó su cargo, utilizó su autoridad para ordenar decisiones ilegales y además mandó la policía a allí para que desalojaran a esas personas.
Tomamos toda esta información y en aquella visita nos reunimos con el Ministro de Justicia provincial, con el encargado de Derechos Humanos. No pudimos hablar con el Presidente de la Suprema Corte porque estaba de vacaciones. Hablamos con el vicepresidente, le informamos qué estábamos haciendo allí y regresamos. En este año y ocho meses estuvimos estudiando todas las violaciones que se habían cometido en este caso. También contratamos una firma de abogados en Buenos Aires, muy conocida y prestigiosa, para que estudiara según las leyes de Argentina cómo se habían violado los Derechos Humanos de esa familia.
Yo fui un preso político en Cuba por 22 años. Vi violaciones de Derechos Humanos inimaginables para una persona que vive en un país civilizado. Después en los años en los que fui embajador de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos también conocí de casos increíbles pero nunca vi un caso de tanto ensañamiento de alguien poderoso, de alguien que se supone representa la ley y la Justicia como esta forma en que el Presidente de la Suprema Corte se ensañó con esa familia de manera extraordinaria. No solamente le destruyeron la casa y le prendieron fuego sino que incluso arrasaron con los bosques, cortaron el agua, se murieron decenas y decenas de animales. Algo que en realidad no tiene comparación con ninguna de las violaciones de Derechos Humanos que yo he conocido.
– Dr. Valladares cuándo visitaron Santiago del Estero ¿notaron que este era un caso aislado o recibieron algún tipo de comentario o información acerca de la existencia de una modalidad para despojar a las personas de sus tierras?
Hay más de 1.300 familias que han sido despojadas de sus propiedades y el modus operandi ha sido exactamente el mismo. Antes de este caso ya otras 10 familias fueron despojadas de sus propiedades con exactamente el mismo modus operandi del señor Federico López Alzogaray.
– ¿Quién está detrás de esto? ¿También está López Alzogaray?
Por supuesto. Este caso fue el primero que conocimos. Esto abrió la puerta, vamos a continuar, vamos a seguir viniendo y vamos a seguir denunciando todas las otras violaciones de DD.HH. y el robo de las tierras de más de 1.300 familias.
– ¿López Alzogaray también está detrás de todos estos casos? ¿Es una organización?
Armando Valladares: A mi no me consta en el resto pero este caso que nosotros hemos estado tratando sí. Por supuesto que se sabe que él está detrás porque son propiedades que colindaban con la de él.
Marcel Feraud: La infamia de este caso y el agravio de este caso de atropello de los DDHH de la familia Ardiles que termina con la vida de Manuel Ardiles se agravan por el hecho de que es hecho bajo el manto de un proceso judicial, es decir con el ropaje de la Justicia. ¿Y quién es el gestor de esto? Nada más y nada menos que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. Es quien demanda a un hombre de limitado patrimonio y de limitada ilustración, campesino de la zona. Le presenta un juicio de reivindicación cuando el demandado Ardiles tiene un título de propiedad porque él había heredado estas tierras de sus padres que había adquirido a través de un juicio de prescripción adquisitiva de dominio. Una de las instituciones más antiguas del derecho, la usucapión, el derecho a adquirir por el transcurso del tiempo, con sentencia inscripta en el Registro de la Propiedad. Quiere decir que López Alzogaray logró que 50, 60 años más tarde de ese derecho adquirido se revise eso a través de la demanda que presenta. Una especie de revisión de una sentencia ya inscripta y que tiene autoridad de cosa juzgada.
– ¿Hay complicidad de otras autoridades o de otros poderes del Estado provincial?
Marcel Feraud: Por supuesto porque el presidente del Superior Tribunal de Justicia, que es el demandante, pide una medida cautelar que se la otorgan al instante. Luego de que se la otorgan, esta medida es ejecutada con la presencia de casi 100 efectivos de todas las ramas de la policía como una fuerza inusitada, y eso no lo maneja el Tribunal de Justicia, eso ya lo maneja el gobierno provincial. Está claro que hay una complicidad, un acuerdo o una asociación para eso.
Hablando con todas las partes involucradas nos hemos dado cuenta de que esto es un modus operandi. No es un caso aislado, hay miles de casos y con distintos actores, todos tienen matices. No podemos decir que en todos esté involucrado López Alzogaray. Primero él desalojo aproximadamente unos 10 campesinos y luego con Ardiles tiene otra estrategia, que es la estrategia judicial de presentar una demanda, y por eso nos llamó la atención este caso. ¿Cómo es posible que este hombre con tanto poder presente una demanda y que nadie diga nada y que sea inmediatamente concedido todo lo que él pide en todas las instancias con una rapidez nunca vista? Es algo que en toda mi experiencia como abogado, que es bastante larga, no la hemos visto jamás en ningún país del mundo. Esto habla mal de Santiago del Estero. No solamente habla mal del Supremo Tribunal de Justicia sino que habla mal del gobierno de la provincia, habla mal de toda la provincia esto que ha sucedido. Por eso es que pensamos llegar hasta las últimas consecuencias.
En este caso no se ha respetado la vida, ni la propiedad ni el debido proceso. Aquí debe haber una consecuencia. En la visita que hicimos ahora le damos dos semanas de plazo para que reaccionen las autoridades de la provincia porque si no es así tendremos que ir a las instancias internacionales.
– ¿Está abierta la vía para acudir directamente a la Corte Interamericana?
Armando Valladares: La vía está abierta y tenemos todos los contactos y la experiencia necesaria para hacer eso pero hemos querido darle una oportunidad de que este hombre piense en esa familia y en el daño que les ha hecho. Si la provincia, si la Capital que ya tienen conocimiento, si guardan silencio, esa omisión puede ser interpretada como una complicidad y una aprobación de lo que ha hecho. Creo que el señor López Alzogaray ha puesto en una situación difícil al resto de las autoridades de su provincia y también de aquí.
Sabemos que la preocupación de López Alzogaray era que no saliera de la provincia este tema. Ya salió, ya está en todo el continente y muy pronto si no hay una respuesta positiva o intención de recompensar a estas víctimas esto va a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, al departamento de Derechos Humanos de la OEA y a la Corte Interamericana.
Y vamos a seguir porque el hecho de que escogimos un sólo caso fue la puerta que se abrió a un escenario horrible, increíble y nos sentimos comprometidos a ayudar a toda esta gente que no tiene voz a la que nadie les ha dado una mano.
– Si no hay una reacción de la Justicia de nuestro país ¿el Estado argentino podría recibir algún tipo de sanción?
Marcel Feraud: Si se determina que hubo algo que el Estado argentino pudo o debió haber hecho y no lo hizo, sí. Lo que ocurre en Santiago del Estero es de conocimiento público, lo que pasa es que la gente tiene miedo de hablar porque es un Estado policial, represivo. Nosotros lo hemos visto y sabemos lo que está pasando. El Estado argentino podría tener responsabilidad sobre esto por omisión, es decir por no haber actuado.
Armando Valladares: La administración anterior sí tenía conocimiento de todo esto pero era cómplice del gobierno de Santiago del Estero porque conocía perfectamente lo que estaba pasando. La nueva administración no creo que tenga la información que hemos tenido nosotros así que tenemos que darle la oportunidad de que el nuevo gobierno, y yo creo que lo va a hacer, intervenga porque eso afecta internacionalmente la imagen argentina. La Argentina ha dejado atrás una etapa de abuso, de falta de libertad y de injusticia que este gobierno estoy seguro está trabajando para terminar con esa situación.
En Santiago del Estero hay una muralla, hay un muro alrededor de todas estas situaciones que ya seguro cayó como cayó el muro de Berlín. Ahora nosotros y ustedes, la prensa, nos vamos a encargar de dar a conocer los horrores que existen allí en esa provincia.
Marcel Feraud: Fíjese que el presidente del Superior Tribunal de Justicia es también el presidente del tribunal electoral de la provincia, es decir que bajo su mando están no solamente la Justicia sino también quién llega al Congreso de la provincia y al Congreso de la Nación en representación de ese pueblo. Es un poder absoluto.
Por eso el Instituto Interamericano por la Democracia ha decidido abrir la puerta para escuchar todas esas otras denuncias. La magnitud del problema, de la usurpación de tierras es tan grande que por eso el Instituto nos ha autorizado a escuchar todos los casos y dar una respuesta de inmediato en la medida de nuestras posibilidades.
– ¿Cuando estuvieron en Santiago del Estero recibieron algún tipo de presión o perturbación por parte de las autoridades provinciales por la tarea que estaban haciendo?
Armando Valladares: Sí, nos estuvieron siguiendo en alguna ocasión pero eso no va a tener ninguna consecuencia en cuanto a apartarnos de nuestro plan, de nuestro objetivo, así que no van a intimidarnos. Estamos actuando de manera correcta en favor de la Justicia y en defensa de los Derechos Humanos.
Marcel Feraud: Sí, vimos ciertas cosas que no nos afectaron sino todo lo contrario, nos alentaron a seguir con nuestro trabajo.
Armando Valladares: Infiltraron gente en la conferencia de prensa, mandaron gente para sabotearla, personas que no eran periodistas. Pero nada de eso nos va a afectar ni nos va a hacer cambiar nuestro plan.
– ¿Qué impresión se llevan de lo que ocurre en Santiago del Estero?
Marcel Feraud: Santiago del Estero se está convirtiendo en un centro de delito transnacional porque todo lo que está sucediendo no es por efecto del azar. Los operativos que cuentan todas las víctimas de cómo entran a sus campos son operativos casi militares. Entran armados, con maquinarias y en una hora cortan los alambrados y ocupan las tierras. Eso no es delincuencia común eso es una cosa de mayor envergadura que las autoridades tendrán que judicializar si quieren salvar a la provincia, a ese extremo llega esto.
