(JUAN IGNACIO RONCORONI/)
A la espera del anunciado veto presidencial al proyecto de ley de aumento del presupuesto universitario, la comunidad educativa y la oposición legislativa entraron en estado de alerta. La norma convertida en ley el 12 de septiembre por el Senado prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios y una actualización salarial atada a la inflación.
Tanto integrantes de los bloques dialoguistas como de la oposición dura del kirchnerismo y la izquierda, adelantaron que desafiarán la decisión presidencial cuando se concrete, y buscarán insistir con la norma sancionada por el Congreso. Más allá de que el Gobierno haya conseguido, hace 10 días, el número mágico de 87 voluntades en la Cámara de Diputados para sostener el veto, el tema de los fondos para la universidades le plantean un desafío mayor al oficialismo. Deberá enfrentar una masiva marcha prevista, en principio, para el 26 de septiembre y una convocatoria frente al Parlamento para el 2 de octubre, cuando podría tratarse la insistencia a la ley aprobada.
En los primeros 7 meses del año de la gestión de Javier Milei se ejecutó, un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período de 2023, a valores reales. Así surge del cálculo realizado por Infobae de las partidas de 2024 y el año pasado, considerando el Índice del Precios del Consumidor (IPC) del período.
El año pasado, de enero a julio se desembolsaron, $2.305.053 millones ($2,3 billones) ajustado por inflación, mientras que en el mismo período de este año los giros fueron de $1.579.626 millones ($1,5 billones), según los datos de la cartera de Economía, y lo informado a la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a principios de mes.
Elegir arriba la pestaña con los datos a visualizar
De hecho, un análisis del comportamiento histórico del presupuesto en educación superior, muestra que el presupuesto asignado a las casas de altos estudios en 2024 terminará siendo en términos reales el más bajo de las últimas tres décadas.
Para el año en curso, según la información del sitio de Presupuesto Abierto que depende del Ministerio de Economía, el crédito vigente al 11 de septiembre era de $3.037.428 millones (ligeramente superior a la cifra consignada el proyecto para 2025 enviado al Congreso el lunes pasado $3.002.770). Ante la prórroga del Presupuesto 2023 para este año, el Gobierno actualizó en distintos momentos del año partidas presupuestarias para los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, después el masivo reclamo en la calles de abril.
Un legislador del PRO advirtió que el veto presidencial y el magro presupuesto en 2025 para las universidades le puede generar un escenario adverso al Gobierno. “Al final del día, tenés que mantener las universidades abiertas porque es donde estudia la clase media y una gran parte de quienes votaron a este Gobierno. Es un sector que tiene gran capacidad de resistencia y de movilización”.
“No va a haber una marcha, sino todo un plan de lucha en un momento sensible, porque estamos justo en mitad del cuatrimestre, con los exámenes encima. El tema va a generar mucho ruido y el Gobierno tendrá que buscarle una salida. Pelearte con las universidades no es lo mismo que pelearte con los Moyano. Y no va poder dejarlas a pico seco”, agregó el diputado.
El Presupuesto 2025
El proyecto de Presupuesto que Milei envió el lunes al Congreso contempla $3.857.559 ($3,8 billones) en el año. “En 2025 se consolidarían estas caídas en la inversión educativa”, alertó el diputado radical Julio Cobos en su cuenta en X. En efecto, pese a que la proyección de la inflación del Gobierno para este año es de 104,4% y para todo 2025 de 18,3%, el texto de la ley de leyes contempla apenas un incremento del 28,5%, cuando solo la inflación acumulada en el primer semestre del año, según el INDEC, fue del 79,8%.
“El presupuesto en Educación tiene la misma lógica de austeridad espartana que prácticamente se ve en todas las áreas del Estado. Hay universidades a las que le asignaron en este Presupuesto lo que consumen en un bimestre. Es irreal”, advirtió un diputado del PRO en diálogo con Infobae.
Los $3,8 billones previstos en el mensaje del Ejecutivo son la mitad de los fondos que las universidades reclaman. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado al Gobierno $7,2 billones para atender los gastos salariales y de funcionamiento el año próximo. La cifra fue acordada por más de 70 autoridades universitarias en un plenario realizado el 30 de agosto en Santa Rosa, La Pampa. En ese encuentro, se estableció que los fondos necesarios para el próximo año se estiman en aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto (PBI).
El ítems donde surge la mayor diferencia entre lo previsto en el proyecto de Presupuesto y lo reclamado por el CIN es el de “Incrementos recomposición salarial diciembre 2023″, que los rectores previeron en $1,7 billones de pesos y no aparece en el texto oficial.
“Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios. No hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%”, afirmó Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis. También manifestó su preocupación porque dijo no ver en el Gobierno “voluntad de dialogar”.
La ejecución este año
Según el informe de Francos a la Cámara baja, hasta el 31 de julio pasado, se habían girado $1,5 billones a las casas de estudio, de los cuales el 89% eran sueldos. Para el 11 de septiembre, última fecha con información disponible en el sitio de Presupuesto Abierto consultada para la elaboración de esta nota, la ejecución había ascendido a $1.881.286 ($1,8 billones), el 62%.
Sin embargo, distintas fuentes consultadas por Infobae aseguraron que los $3 billones de crédito vigente para este año deberán ser ampliados para contemplar el aumento salarial pendiente. “Con esa cifra de $3 millones el Gobierno no termina de pagar la paritaria, que si bien no está firmada, prevé algún aumento, por lo seguramente va a haber una ampliación presupuestaria en lo que queda del año. O sea que el aumento del presupuesto para universidades va a ser aún menor para el año que viene”, le dijo la diputada radical Danya Tavela a Infobae.
Legisladores de distintos sectores consultados por este medio coincidieron en que la cifra pedida por los rectores, muy por encima de lo contemplado en el Presupuesto 2025, es “para negociar”. Se trata de una dinámica que se repite todos los años con el presupuesto universitario y que incluye la discusión en los pasillos del Congreso y las autoridades de las casas de estudio.
“Ahora se abre la discusión con los rectores nacionales de ajustar el Presupuesto por inflación, por las paritarias con los gremios. En ese sentido, el Ejecutivo no está haciendo algo muy distinto de lo que sucedía todos los años con gobiernos de distinto color político. Lo distinto fue el acuerdo que Milei hizo con (Sergio) Massa de no tener Presupuesto en 2024, y ajustar esa partida por inflación este año”, advirtió la ex vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. La paritaria podría llegar a implicar entre $300.000 y $400.000 millones más, según una fuente legislativa de la Comisión de Educación.
“Las universidades saben que tienen por delante un año de debate y discusión. Este es un presupuesto de alguna manera dibujado, porque queda sin contemplar la inflación del 2025 en gastos de funcionamiento y las paritarias. Igual, creo que los rectores ven como positivo que haya Presupuesto, porque se temía que no lo hubiera y eso realmente pone a las universidades otra vez en jaque”, agregó la ex secretaria de Políticas Universitarias durante la gestión de Mauricio Macri.
No obstante, un diputado del PRO no descartó que Milei busque “lo que hicieron todos: que le voten un Presupuesto subestimando el nivel de gastos y de ingresos para, después, repartir la diferencia discrecionalmente”.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, consultado por Infobae, defendió los números que envió el Ejecutivo: “El presupuesto propuesto para el Sistema Universitario se funda, en primera parte, en respetar el déficit cero como política. Es decir, para lograr un incremento de la asignación presupuestaria debe ir acompañado de un mayor ingreso en las arcas del Estado, como consigna la Ley de Administración Financiera (N°24156)”. Y recordó que “luego de un año completo sin actualización de los gastos de funcionamiento (2023), fue esta gestión la que acordó con el Consejo Interuniversitario Nacional el aumento de un 270%, que significó un gasto de $192.000 millones”.
El mensaje del Presupuesto enviado por el Gobierno incluye en el artículo 17 la exigencia de que las universidades presenten un informe detallado de sus gastos, en línea con la auditoría que desde el Ejecutivo quieren hacer para revisar el destino de los gastos. Así, las casas de estudios deberán “presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.
Qué dice la ley que Milei va a vetar
La ley que Milei aseguró que vetará – tiene 10 días hábiles para hacerlo – instruye al Gobierno a recomponer el presupuesto salarial a partir del 1° de diciembre pasado hasta el mes de la sanción de la ley (12 de septiembre) por el índice de inflación acumulada que informa el INDEC. Luego, la actualización deberá ser de manera mensual, también por inflación.
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior , estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
