En Bogotá, el operador del contrato concesión No. 415 de 2021, Unión Temporal Cementerios del Distrito decidió unilateralmente interrumpir la prestación del servicio de gestión funeraria en los Cementerios Distritales Central, Norte, Sur y Parque Serafín, según se conoció recientemente.
Dicha decisión se produce a pesar de las múltiples advertencias y sanciones impuestas por la Unidad Administrativa Ejecutiva de Servicios Públicos (Uaesp) debido a constantes incumplimientos contractuales, aspectos que fueron criticados por el concejal Óscar Ramírez Vahos.
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El cabildante se refirió a la situación como “una crónica de una muerte anunciada”. En respuesta a una petición elevada en agosto de 2024, la Uaesp ya había señalado que, en sus actividades de vigilancia, había evidenciado múltiples fallas e inconsistencias en la operación y administración de los cementerios por parte del concesionario.
Para Vaho las irregularidades han llevado a la radicación de numerosos oficios de solicitud y requerimiento de corrección y acción a Jardines de Luz y Paz, la empresa encargada de la operación. “Hoy después de desconocer las advertencias realizadas desde el Concejo de Bogotá, desde hace más de tres años sobre la necesaria intervención del contrato entre la Uaesp y la Unión de Cementerios del Distrito por sus constantes incumplimientos conocidos, este operado decidió interrumpir unilateralmente la prestación del servicio y con esto evitar consecuencias jurídicas sin importar los impactos directos en la población más vulnerable que requiere acceso a servicios funerarios”.
Entre 2021 y 2024, la Interventoría ha presentado ante la Uaesp un total de 786 oficios informando sobre las inconsistencias en diversos componentes, incluyendo el financiero, jurídico, mantenimiento de hornos, contable, ambiental, sanitario, administrativo, técnico operativo, salud y seguridad en el trabajo, entre otros. A pesar de la imposición de cuatro multas y un incumplimiento parcial del contrato sin consecuencia pecuniaria, la entidad decidió continuar con el contrato este año.
El concejal Vahos enfatizó la necesidad de establecer responsabilidades y de iniciar procesos disciplinarios y fiscales contra quienes, por negligencia e inoperancia, permitieron que la ciudad enfrente esta crisis. Además, criticó la falta de diligencia de la actual directora de la Uaesp por no contar con un plan de contingencia serio que responda a las necesidades funerarias de las familias más vulnerables.
El concejal hizo un llamado urgente para que el distrito ponga en marcha un plan de acción que garantice la prestación del servicio funerario a la población más vulnerable y evite que esta asuma las consecuencias de la falta de gestión administrativa adecuada y “no asuma las consecuencias de su falta de talante administrativo”.
Asimismo, el cabildante evidenció a través de una serie de recolección de relatos la gris realidad que están viviendo los familiares, comerciantes y trabajadores a causa de la decisión del operador de realizar el cierre intempestivo. Carlos, un comerciante de flores del cementerio del sur, expresó su preocupación sobre el cierre inadvertido, debido a que su negocio ya se encontraba con el surtido suficiente para un fin de semana de actividades.
“Cancelaron exhumaciones. 20 familias que vinieron a exhumar el sábado desde las 7:00 a. m. y a ninguno le dieron información, no les avisaron nada. Familias que venían de otras ciudades, no tuvieron compasión con eso y aparte de eso ellos tuvieron que romper la puerta para que los atendieran. ¡Ahí si sale la señora administradora a atender!, pero porque todas las familias se entraron a agredirlos para que les dieren una información clara y ellos no dieron ninguna información clara, solo que el cementerio estaba cerrado porque tienen problemas con la Uaesp”.
El hombre sumó que por razones económicas los comerciantes decidieron en la mañana del domingo 22 de septiembre romper los candados para poder rescatar algo del dinero invertido en el surtido del viernes 20. Carlos afirmó que la decisión tomada está afectado a varias familias que dependen del negocio de las flores.
Sumado a ese testimonio, el sacerdote Luis Piñuela sumó que la decisión tomada por el consorcio afectó directamente en las actividades religiosa que imparte, atrasando así ocho misas que tenía. “El cementerio ayer y hoy se abrió por fuerza mayor, marmoleros, florestero y yo estuve ahí también, rompieron los candados y entraron a la fuerza. Entonces ya la gente empezó a ingresar; ya llegaron los otros curas, a celebrar las misas, pero dice la administradora que no está permitido. Entonces, en caso de algo a mí me pueden fregar o a los que está ahí también, pero yo lo hago por los feligreses, por las misas que tengo. Tengo ocho misas, seis canceladas, entonces no me voy a echar encima la gente. Aquí estoy cumpliendo mi deber”.
El sacerdote agregó que al encontrarse cerrado los cementerios las flores se marchitan, lo que afecta directamente el bolsillo de los floresteros y marmoleros, razones suficientes por la que decidieron romper los candados y así no ver su forma de economía afectada por una decisión que no midió las consecuencias de quienes logran generar sustentos en los camposantos de la capital.
Es importante señalar que, ante la conducta irregular y reprochable por parte del operador, el distrito, en cabeza de la Uaesp, implementó un plan de emergencia para retornar al normal funcionamiento de los cementerios de Bogotá, y pondrá dichas irregularidades en conocimiento de las autoridades, además de seguir defendiendo los intereses de la ciudad frente al contratista.
