La marcha que encabeza Evo Morales partió de la localidad de Achica Arriba rumbo a La Paz a las 6:00 de la mañana, tras una jornada violenta entre sus seguidores y los simpatizantes del Gobierno en Ventilla, El Alto, donde aún persiste una vigilia. En previsión ante el arribo de los manifestantes, el domingo se instaló un cerco policial en Plaza Murillo y la sede de la Central Obrera Bolivia, y se suspendieron clases escolares presenciales en algunos colegios de El Alto y La Paz.
A medida que los manifestantes se acercan a la sede administrativa del país, el evismo y el arcismo miden fuerzas. Ayer, en el sexto día de caminata, la columna llegó a Achica Arriba sin incidentes pero pocos kilómetros más adelante, en un lugar denominado Ventilla, los militantes del Gobierno hicieron una concentración que terminó en enfrentamientos con los seguidores de Morales. El choque dejó ocho personas heridas y la Policía recurrió al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
La ministra de Salud, Maria Renee Castro informó a los medios que hubo ataques al personal de salud y que se apedreó ambulancias. “Eso no pasa ni en una guerra”, manifestó y acusó a los seguidores del expresidente por los ataques.
Tras el conflicto, el exmandatario manifestó que “hagan lo que hagan, el pueblo va recuperar su revolución” y ratificó el ingreso de la marcha a La Paz, que será reforzada por grupos que están llegando de otras regiones del país. Sin embargo, Morales no la tendrá tan fácil: sectores afines al arcismo quieren impedir su paso y una Asamblea de El Alto convocó “al pueblo alteño a no permitir la entrada de la marcha de Evo Morales”.
Incluso hay quienes piden la detención del jefe del MAS. El domingo, en la concentración de seguidores del arcismo en Ventilla, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos exigió la aprehensión del expresidente. “Hagan cumplir nuestra Constitución Política del Estado y aprehendan a este señor (Evo Morales) que está incitando a la violencia, está creando sedición y un intento de golpe (de Estado)”, manifestó el dirigente Guery García.
Tras conocerse denuncias de sectores afines al Gobierno sobre posibles “ataques” al líder cocalero durante su ingreso a La Paz y ante el “temor de que sea detenido”, Morales envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitándole la intervención del organismo, a fin de impedir que el Gobierno “desbarate” su protesta con “grupos de choque que son en realidad grupos paramilitares”.
Ante las insinuaciones de enfrentamientos, el cruce de acusaciones entre un bando y el otro no cesan. El exministro y miembro del equipo jurídico de Evo Morales, Carlos Romero, denunció que el Gobierno tiene una estrategia para cometer un “cobarde y criminal genocidio” contra la movilización social. Por su parte, el actual ministro del Interior, Eduardo Del Castillo, manifestó que el expresidente “continúa con su plan para llenar de sangre y muerte Bolivia. Vamos a actuar como manda la Constitución”.
Hasta ahora, los acercamientos entre ambos líderes no se han concretado. Inicialmente, el Gobierno invitó al líder cocalero a una reunión el viernes al finalizar la tarde pero éste no se presentó. Posteriormente, el evismo envió una carta invitado al jefe de Estado a dialogar “donde la marcha se encuentre”, algo que fue rechazado por razones de seguridad.
Entre tanto, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, intenta mediar en el conflicto y promover el diálogo entre las dos facciones del MAS. Pidió al Gobierno “desmovilizar” a funcionarios públicos para evitar peleas y envió una carta al líder cocalero para concertar un encuentro de diálogo con el presidente. El domingo por la noche, Arce informó en un mensaje televisivo que aceptaba conversar con mediación de la Defensoría e instaba a su antiguo mentor a dialogar “sin condicionamientos”.
La marcha que encabeza el exmandatario exige respuesta a un listado de demandas sindicales vinculadas a la crisis económica e incluye el reconocimiento del congreso que el Movimiento Al Socialismo (MAS) realizó en Lauca Ñ, Cochabamba, donde se ratificó la jefatura de Evo Morales del partido y se determinó que sea el candidato de las elecciones de 2025, algo que el Gobierno asegura que no es posible por una limitante constitucional sobre la reelección.
