El PSOE y el PP coinciden en la necesidad de que las coaliciones electorales, como Sumar, presenten su contabilidad anual ante el Tribunal de Cuentas para que pueda ser fiscalizada y que no sólo se analicen las cuentas de los partidos políticos que las integran como sucede ahora.
Así lo han planteado en las propuestas de resolución que han registrado al informe sobre la contabilidad anual de los partidos políticos correspondiente al ejercicio 2020 y que este martes se votarán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el fiscalizador.
En sus iniciativas, a las que ha tenido acceso Europa Press, los dos grandes partidos también coinciden en solicitar que se defina claramente lo que debe entenderse por aportaciones y donaciones, para tener claro en qué cuentas bancarias deben ingresarse, así como a imprimir un mayor control sobre los llamados microcréditos online que se hacen a los partidos y las personas que los realizan.
REGULAR REGALOS Y OBJETOS
Además el PSOE pide cambiar la legislación vigente para sancionar a los partidos que no publiquen en sus web los correspondientes informes de control interno. También quiere instar las formaciones políticas a contar con órganos de vigilancia en el sistema interno de control integrados por personas que reúnan «garantías de independencia respecto del máximo órgano de gobierno de partido».
En otra de sus propuestas, los socialistas plantean instar a los partidos a incorporar métodos para la valoración de riesgos, a prever en los códigos de conducta aquellas prácticas de sus empleados y cargos públicos que no «resulten admisibles» y a definir lo que debe entenderse como regalos u obsequios de cortesía.
REGISTRO DE COALICIONES
De su lado, el PP busca emplazar al Ministerio del Interior a regular el contenido mínimo para la inscripción de un partido político, tal y como recomienda el Tribunal de Cuentas, y a crear una sección específica para el registro de coaliciones electorales en ese registro.
También pide, respecto a las fundaciones vinculadas a partidos políticos, que se establezca como requisito en las convocatorias de las subvenciones públicas dirigidas a estas entidades que las mismas estén inscritas en la sección específica del Registro de Partidos Políticos.
De su lado, Vox aboga por modificar la Ley de Financiación de Partidos para definir el concepto específico de «donación finalista», de las actividades ordinarias de los partidos y de los beneficios que obtienen por actividades promocionales, asuntos por los que el tribunal ha señalado a la formación que lidera Santiago Abascal.
