Ana Milena Varón
Washington, 24 sep (EFE).- Doris Fernández viajó más de 1.000 kilómetros desde Chicago a la capital estadounidense para pedir a los candidatos presidenciales por leyes que le otorguen a las víctimas de violencia “el derecho a sanar”, uno que a ella le ha costado obtener después de que su hijo muriera a manos de las pandillas.
La inmigrante, de origen colombiano, hace parte de las 3.000 víctimas de delitos que llegaron a Washington procedentes de 30 estados para participar en la primera Marcha de los Sobrevivientes del Crimen, que busca empujar el tema en las elecciones de noviembre próximo.
“El derecho a sanar debe ser consagrado como algo fundamental en la ley estadounidense, porque cuando una persona es víctima de un crimen y tiene su corazón desecho y roto no puede ser una persona de provecho para la comunidad”, dijo Hernández en una entrevista con EFE.
La madre de tres hijos habla desde su propia experiencia al perder a uno de ellos, Fredy Cervantes en 2012, cuando fue asesinado en un callejón el barrio La Villita, en Chicago.
Este martes el hijo de Hernández cumpliría 32 años. Por eso este día es muy especial para esta madre que desde que murió el menor de sus vástagos se ha dedicado a señalar la falta de apoyo para las víctimas de la violencia.
“Desde los empleadores que piden que regreses al trabajo antes de enterrar a tus hijos, hasta la falta de apoyo psicológico, hay muchas fallas en la forma como se aborda este problema”, opinó la inmigrante colombiana, que llegó a EE.UU. hace 36 años.
Con los votantes citando el crimen violento como un tema principal a pocas semanas de las elecciones presidenciales, los activistas convocados por Alliance for Safety and Justice quieren que se aborde el tema de una vez por todas.
“Hay que visibilizar este problema y pedir al Congreso, la Casa Blanca, a los candidatos que se involucren y se avancen soluciones”, agrega Hernández.
En este sentido, Aswad Thomas, vicepresidente de la Alianza y director nacional de Sobrevivientes del Crimen por la Seguridad y la Justicia, explicó que décadas de políticas fallidas de lucha contra el crimen alimentaron ciclos de violencia y dejaron solas a demasiadas víctimas de delitos para enfrentar las consecuencias.
“Estamos unidos en un propósito común: sanar y transformar la política de seguridad pública”, dijo el activista que también fue víctima de un crimen violento.
Congresistas como Debbie Dingell, representante de Michigan, acompañaron a los manifestantes que abogan por leyes federales para la prevención de la violencia doméstica, centros de recuperación de traumas, protección de viviendas y empleos para las víctimas, entre otras.
La alianza también destacó los resultados de una encuesta revelada la semana pasada, la más grande del país a víctimas de delitos violentos hasta la fecha, que encontró que con demasiada frecuencia el sistema de justicia y seguridad pública de EE.UU. no escucha a las víctimas de delitos violentos, lo que lleva a prioridades equivocadas.
Por ejemplo, por un margen de 3 a 1, las víctimas de delitos violentos creen que más empleos y viviendas son la forma más efectiva de reducir el crimen, en lugar de sentencias más largas.
Más de dos de cada tres víctimas creen que la salud mental y el tratamiento de las adicciones o la capacitación y la oportunidad laboral son estrategias más eficaces para detener la reincidencia criminal.
Siete de cada diez víctimas de la violencia prefieren políticas de sentencias que permitan a los jueces considerar las circunstancias individuales del delito, la víctima y el acusado en lugar de exigir duraciones de sentencia uniformes para delitos específicos.
Y una mayoría decisiva prefiere a los candidatos que apoyan sentencias de prisión más cortas y que utilizarían el dinero ahorrado para programas de prevención y tratamiento de la violencia juvenil. EFE
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