Desde el mediodía de hoy, martes 24 de setiembre, distintos medios de comunicación difundieron la orden de allanamiento de las propiedades de Andrés Hurtado Grados, Elizabeth Peralta y Augusto Miu Lei, investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activo. La noticia no solo generó revuelo por el hecho, sino por haberse conocido horas antes de ejecutarse, lo que produjo un intercambio de pronunciamientos entre el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación.
El primer comunicado en contra fue por parte de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, quien “deploró” y acusó al PJ de haber difundido la resolución. “Este tipo de acciones lesiona severamente la efectividad de la justicia”, mencionó.
En respuesta, el Poder Judicial publicó un pronunciamiento en el que resaltó que no difundieron ninguna resolución, por lo que señaló al Ministerio Público de “faltar a la verdad”. “Dicho documento fue entregado a primeras horas de la mañana a los fiscales, como es el conducto regular”, sentenciaron.
Infobae Perú buscó más detalles sobre la situación. Desde el MP, una fuente aclaró que el mensaje no hacía referencia al documento, sino a la confirmación dada horas antes de que se ejecutara la orden. “Con la confirmación todos se preparan. El PJ se pronunció cuando recién nos habían notificado, han confirmado algo que era un chisme en ese momento. Con esa acción, los investigados tuvieron tiempo de guardar información relevante. Tan es así que, por ejemplo, la prensa llegó antes de los mismos fiscales”, mencionó a este medio.
En respuesta, una fuente del PJ reveló que el juez Juan Carlos Checkley Soria dio la orden de que se publique la confirmación de la orden de allanamiento, pero al ver que el documento ya se encontraba en todos los medios de comunicación.
“Desde el mediodía varios periodistas ya tenían publicada la resolución y, por protocolo, solo había sido entregada a los fiscales. […] Lo que se hizo fue oficializar algo que se había filtrado, no se sabe por quién, pero los únicos que tenían en la mano la resolución son los fiscales. Incluso, si no se habría realizado la publicación, ya era de conocimiento público el documento”, expresó.
