Francia Márquez denunció que en el país hay una alarmante impunidad en los casos de violencia contra las mujeres.
Durante la XXXVII Asamblea de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países de América del Sur (Efsur), celebrada en Barranquilla, la vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad destacó la necesidad de una articulación estatal para enfrentar la violencia de género. Según cifras de Medicina Legal, entre mayo de 2023 y mayo de 2024 se registraron 630 casos de feminicidios en el país.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
Márquez destacó que el nivel de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres es enorme, lo que, a su juicio, termina siendo un premio para los victimarios. “Se necesita una articulación no solo del Gobierno nacional, sino del Estado”, afirmó, refiriéndose a la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y los distintos ministerios y entidades territoriales.
La vicepresidenta enfatizó porque el Gobierno declaró una alerta sobre violencias basada en género en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que permitió establecer una mesa de alto nivel para abordar de manera integral estas violencias. “Estamos haciendo un esfuerzo para que el presupuesto llegue a atender a las mujeres y no se quede en la burocracia institucional”, precisó Márquez.
(Ángel Colmenares/)
Además, mencionó que están trabajando en el Conpes de la población Lgbtiq+, y que cuando llegaron al Gobierno, esta población tenía un presupuesto de setecientos millones de pesos, cifra que han incrementado a casi cincuenta mil millones para su atención.
Francia Márquez también señaló que el mayor desafío que enfrentan las mujeres en Colombia, que representan el 52% de la población, es la violencia política, que se traduce posteriormente en violencia física, económica y de género.
“La inequidad y la desigualdad en Colombia nos muestran que, dependiendo del lugar donde nazcas, así será tu vida”, dijo, resaltando que hay lugares donde la esperanza de vida es de 65 años, mientras que el promedio nacional es de 76.
La vicepresidenta criticó que en los territorios donde la esperanza de vida es menor, el Estado colombiano nunca se ha esforzado por la inversión social. “Esto da evidencias del desafío que tenemos”, puntualizó.
