David (Panamá), 25 sep (EFE).- Un controvertido proyecto portuario con inversión extranjera que se levantará en el Pacífico de Panamá se enfrenta con el rechazo de ambientalistas por encontrarse, según alegan, en una zona protegida de manglares, por lo que reclaman su suspensión ante el Supremo panameño, mientras los lugareños lo defienden activamente por su positivo impacto económico.
Habitantes de una zona costera del distrito de David en la occidental provincia de Chiriquí, donde se desarrollará el Proyecto Puerto Barú, no dudan en expresar su apoyo a esta iniciativa que les beneficiará directamente, pero temen que con las acciones de los ambientalistas y su demanda de suspensión, la echen para atrás o se vaya a otro lugar.
Así que para hacer sentir su voz favorable al proyecto, más de medio centenar de personas, entre hombres, mujeres, niños y adultos, sin ser invitados, se sumaron desde sus botes a una reciente gira de periodistas y ambientalistas por la zona de manglares.
Un poco antes del recorrido, los comunicadores y el grupo de los ambientalistas fueron recibidos con pancartas y consignas de respaldo a la construcción de la terminal portuaria que, según las asociaciones conservacionistas, atraviesa el área protegida Manglares de David, creada por un Acuerdo Municipal de ese distrito en 2007.
Erick Sánchez, un pescador de la comunidad, manifestó a EFE que proyectos como el que se piensa construir los «hay en otros países, donde hay muchos más kilómetros, donde los barcos tienen que navegar en lo que son áreas de manglares, y no hay esa devastación que a veces nos quieren hacer ver».
«Esas son las cosas que nos preocupan», afirmó Sánchez, quien reiteró que en la comunidad están «preocupados» porque «se quiere echar para atrás el proyecto».
Por ello, instó a los ambientalistas que, dijo, saben de lo técnico y pueden conocer la teoría, «a que trabajen juntos, de la mano» con los lugareños, que son quienes conocen «perfectamente bien el área» de los manglares, sobre todo para «tratar de minimizar el impacto» en este ecosistema y no se traslade el proyecto a otro lugar.
De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de Ambiente en enero pasado, la idea Puerto Barú se concibe como un puerto alimentador y turístico de usos múltiples en la región Pacífico-Occidental de Panamá.
Es el «único Puerto multipropósito privado» entre Puerto Caldera en San José, Costa Rica, y Puerto Balboa en el canal de Panamá.
Ubicado «estratégicamente» en el punto medio entre ambos puertos, a unos 550 kilómetros en promedio, está posicionado para aprovechar este hecho como el punto logístico central clave para el movimiento de carga en la región, señala el documento.
Puerto Barú se encuentra en proceso de diseño y se espera que para 2025 se inicie la primera fase de su construcción, señalan sus promotores.
«El proyecto se desarrollará en dos fases principales: la fase de construcción, que generará entre 1.500 y 2.000 empleos directos, y la fase de operaciones, que se estima creará alrededor de 650 empleos adicionales», indicó en un comunicado Ismael González, gerente general del proyecto.
Durante el recorrido por la zona en que se levantará Puerto Barú, organizado por la Sociedad Audubon de Panamá, los ambientalistas explicaron que presentaron ante el Supremo el 5 de septiembre pasado una demanda contra el proyecto porque la aprobación del EIA se basó en una «simulación de consulta pública», entre otros factores.
El proyecto incluye la construcción de un canal de navegación de 31 kilómetros de largo y 100 metros de ancho, «con trabajos de dragado en un 40 % del recorrido (…) dentro de un área protegida que contiene el 25 % de la totalidad de los manglares de Panamá, el área protegida Manglares de David, creada en 2007», explican los ambientalistas.
El propio EIA «reconoce que el área afectada representa una zona vital de amortiguamiento y refugio para una gran diversidad de fauna endémica, y que el dragado tendrá grandes impactos en la cadena alimentaria acuática», según los conservacionistas.
Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) de Panamá, dijo a EFE que lo que se busca con la demanda es que haya un «estricto apego a la legislación ambiental», ya que «no tiene sentido tener una riqueza natural tan abundante en nuestro país si no estamos dispuestos a tomar las decisiones de desarrollo necesarias para garantizar esos recursos naturales».
Un comunicado de Puerto Barú señaló que la demanda que busca suspender la obra tiene información «contraria a la verdad e incluso engañosa», al aseverar que el desarrollo del proyecto es perjudicial al medio ambiente, «pudiendo ocasionar un perjuicio crítico en el desarrollo y crecimiento de la provincia de Chiriquí y el país».
Aclara que este es un proyecto desarrollado en fincas privadas y tituladas desde 1970, que están «fuera de las áreas protegidas de manglar de David y sin cobertura de las especies manglaríticas»
En este sentido, la empresa destaca que desde 2020 ha estado desarrollando el proyecto Puerto Barú, «el primer Puerto Verde en Panamá de inversión norteamericana que supera los 250 millones de dólares. Se trata de la inversión extranjera directa más importante de la región y entre las más importantes del país».
Fabio Agrana y Carlos Lemos
