Una análisis publicado por Fundar, centro de análisis e investigación, detalla las adversidades físicas y psicoemocionales derivadas de la noche trágica ocurrida entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, fueron víctimas de desaparición forzada.
El documento apunta que es necesaria una política de atención victimal que brinde atención a todas las personas impactadas por los hechos violentos, que van desde la agresión en Iguala hasta la revictimización que ha ocurrido estos 10 años.
Pese al tiempo transcurrido, los padres y las madres no han sucumbido en la exigencia de presentación de sus hijos y de justicia. Por el contrario, son un ejemplo de dignidad y rabia en un México lacerado por la práctica criminal de la desaparición forzada de personas que, actual y oficialmente, asciende a más de 115 mil casos según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El despliegue de la violencia macrocriminal ocurrida en 2014 evidenció la colusión de grupos del crimen organizado, actuando en complicidad con agentes de seguridad de todos los niveles, situación que no deja duda en enfatizar que “Fue el Estado”. La responsabilidad de localizar a los jóvenes normalistas, dar a conocer la verdad y hacer justicia es una deuda vergonzosa que persiste. Las expectativas que en un inicio tuvieron las familias sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se derrumbaron no sólo ante la promesa de campaña incumplida de dar con el paradero de los jóvenes, sino ante la enfática defensa que el presidente ha hecho de las Fuerzas Armadas.
Concluye este sexenio y hereda la responsabilidad de esclarecimiento del caso al gobierno entrante; pero el dolor por los ausentes sigue latente. Por ello, Ayotzinapa: una década de impunidad. busca hacer un balance de los impactos psicojurídicos de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, enmarcado en la política institucional, desplegada en la actual administración. Asimismo, desde Fundar, como parte de las organizaciones acompañantes de las familias de los jóvenes desaparecidos planteamos recomendaciones específicas de atención urgente para la próxima presidenta Claudia Sheinbaum.
Las organizaciones Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (Tlachinollan), Servicios y Asesoría para la Paz, (SERAPAZ) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, hemos acompañado la digna lucha de las familias a quienes agradecemos su confianza y los lazos de afecto generados. Seguiremos exigiendo en tono firme la verdad y la justicia para el caso Ayotzinapa y para las miles de víctimas de la violencia sociopolítica en México. Mientras la violencia y las graves violaciones a los derechos humanos persistan, seguiremos en la lucha caminando hacia horizontes que llevan a la defensa de la vida y alcanzar la justicia, hacia el deseo utópico de que otro país es posible.
