El reciente escándalo que envuelve a Alvise Pérez, eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), ha sacudido el panorama político español. Mientras Pérez alzaba la voz contra el “control fiscal” del Estado, se reveló su implicación en un caso de financiamiento irregular. Pérez habría recibido un pago de 100.000 euros para su campaña electoral, en claro incumplimiento de la ley de partidos políticos. Esta información fue revelada por el propio Pérez a través de un sorprendente mensaje en su canal de Telegram.
El 26 de septiembre, Pérez reconoció haber aceptado el pago como autónomo, sin emitir factura. «El líder de SALF habría aceptado como autónomo el pago de servicios sin factura mientras criticaba el ‘control fiscal’ del Estado», declaró en su mensaje. Esta confesión generó una ola de reacciones dentro y fuera de su círculo de seguidores.
Mientras admitía su implicación, Pérez también lanzaba críticas a Santiago Abascal, líder de VOX, acusándolo de haber cometido irregularidades similares. Esta táctica de desviar la atención hacia otros políticos mientras lidia con sus propios problemas no ha pasado desapercibida. Actualmente, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una investigación para determinar las implicaciones legales del pago recibido por Pérez, proveniente del criptoempresario Álvaro Romillo, quien también está siendo investigado por la justicia.
Según la legislación española, ningún partido político puede recibir donaciones superiores a 50.000 euros por particulares. Este límite ha sido sobrepasado por Pérez, quien aceptó el pago como autónomo, duplicando la cantidad permitida por la ley. Este hecho ha puesto en el foco no solo a SALF, sino a todo el sistema de control sobre las finanzas de los partidos en España, un tema que continuará generando debate.
