El pasado 4 de septiembre se presentó ante el Senado de la República un proyecto de ley estatutaria que ha encendido las alarmas en diversos sectores del país. Este proyecto, promovido por congresistas del partido de Gobierno, introduce importantes modificaciones en el manejo de la inteligencia y contrainteligencia en Colombia.
La propuesta, respaldada por figuras del petrismo como Ariel Ávila, María José Pizarro, Carlos Alberto Benavides, Gloria Flórez, Robert Daza y Jahel Quiroga, ha generado preocupación debido a los posibles riesgos de monopolización de la información por parte del Estado, así como por su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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Lo anterior se debe a que el proyecto de ley otorga mayores poderes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Este organismo, que históricamente ha jugado un papel clave en la protección de la seguridad nacional, podría convertirse en un ente aún más poderoso.
Una de las modificaciones más significativas es la creación de un nuevo marco para la interceptación de comunicaciones y la intrusión en dispositivos electrónicos. Según el proyecto de ley, se permitiría el uso de software para acceder a los dispositivos personales de los individuos bajo investigación, rompiendo incluso las protecciones y métodos de cifrado.
Intrusión en dispositivos electrónicos: ¿protección o amenaza?
Uno de los puntos más polémicos del articulado es el nuevo artículo 17A del proyecto, que regula la intrusión en dispositivos electrónicos. Este establece que las autoridades podrían acceder a datos y metadatos de los dispositivos de las personas investigadas, con la posibilidad de invadir incluso la privacidad de sus contactos.
El artículo también plantea la creación de registros audibles e inmodificables de todas las acciones realizadas con estas herramientas, con el fin de garantizar la transparencia y prevenir abusos. Sin embargo, para muchos, esta medida no es suficiente.
El mayor (r) Jorge Castillo, experto en inteligencia y veterano del Ejército Nacional, fue uno de los primeros en alzar la voz sobre los riesgos que esta ley podría representar para la privacidad de los colombianos.
En su cuenta de X, Castillo expresó su preocupación sobre esta centralización, señalando que el proyecto podría convertir a la DNI en un “DGCIM colombiano”, haciendo referencia a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, conocida por su control hegemónico sobre la inteligencia en ese país.
Modificaciones a la Ley 1621 de 2013
El proyecto de ley propuesto también reforma la Ley Estatutaria 1621 de 2013, que regula actualmente las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país. Entre los cambios más destacados, se encuentra la redefinición de los conceptos de inteligencia y contrainteligencia, así como la inclusión de nuevas amenazas a la seguridad del Estado.
En el artículo 2, se establece que la inteligencia tiene como objetivo “obtener, procesar, analizar y difundir información útil que permita identificar oportunidades y amenazas”, mientras que la contrainteligencia se centrará en prevenir “conductas que dificulten el cumplimiento de los deberes del Estado”.
Otro aspecto significativo es la creación de un Inspector General del Sistema de Inteligencia, cuya función será supervisar todas las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país y podría solicitar auditorías y abrir inspecciones a las diferentes instancias del Estado cuando se detecten indicios de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.
Este inspector también deberá diseñar herramientas de control y supervisión para garantizar que las actividades de inteligencia respeten los derechos humanos y el derecho internacional, en línea con los estándares internacionales.
¿Riesgos de monopolización y centralización?
Para el mayor (r) Castillo, uno de los grandes temores que ha suscitado el proyecto de ley es el riesgo de monopolización de la inteligencia por parte de la DNI.
“La creación de un Centro de Fusión de Información (CEFI) permitiría a la DNI centralizar todos los datos relacionados con las actividades de inteligencia y contrainteligencia del país”. Esto, en combinación con la posible subordinación de la inteligencia militar a la DNI, ha generado preocupaciones sobre la concentración de poder en un solo organismo.
Además, señala que el proyecto de ley introduce el concepto de seguridad humana, que busca proteger a los “seres sintientes”, lo cual ha sido interpretado por Castillo como una omisión de la seguridad y defensa nacional en favor de un enfoque más humanitario.
