El 66% de participación de las elecciones de 2020 fue un récord histórico en EEUU. Sin embargo, la abstención de ese tercio no es tanto un símbolo de protesta, como lo pudiera ser en España, sino la consecuencia de importantes barreras para ejercer el derecho a voto. En EEUU, votar es un proceso de dos pasos que requiere un registro previo en cada elección, lo que incrementa la complejidad burocrática y el tiempo invertido, por lo que requiere mucha implicación y motivación del votante. Esto adquiere especial relevancia en las elecciones de noviembre, que van a volver a decidir por un estrecho margen de votos si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca o si Kamala Harris es la primera presidenta de EEUU.
Las barreras para ejercer el voto no afectan a todos por igual, sino que sacan a la luz una persistente brecha racial. La diferencia en la tasa de participación entre votantes blancos y no blancos (afroamericanos, asiático-americanos, hispanos y nativos americanos) ha crecido sistemáticamente desde 2012. “Con una brecha racial tan grande en el registro de votantes, está claro que las campañas deben hacer grandes inversiones para movilizar a este poderoso bloque de votantes”, explica a EL PERIÓDICO Rodrigo Dominguez-Villegas, director de investigaciones del Instituto Latino de Política Pública de la Universidad de California en Los Angeles. Así, la población más vulnerable a menudo se queda sin votar. Muchos lo califican de sistema electoral ‘roto’ por no cumplir con el objetivo de representación de la población.
Miedo a votar
Algunos no saben cómo registrarse, otros temen hacerlo. “El temor a que la información personal sea compartida con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es una de las razones por las que algunos votantes latinos elegibles dudan en registrarse para votar. Esta preocupación deriva de la desconfianza en los sistemas gubernamentales, especialmente para las familias con estatus migratorio mixto”, argumenta Dominguez-Villegas.
A diferencia de España, donde todos los ciudadanos mayores de edad empadronados en un municipio pasan automáticamente al censo electoral, en EEUU es el votante el que tiene que ‘apuntarse’ para ejercer este derecho. Para ello, debe presentar un documento identificativo, una exigencia problemática en un país donde no existe un documento nacional de identidad, nuestro DNI. La alternativa más habitual es el carnet de conducir o el pasaporte, pero no todo el mundo conduce o viaja al extranjero. Algunos estados aceptan un extracto bancario o una factura domiciliada como identificación. Otros, se cierran en banda a toda alternativa.
En realidad, el registro electoral e inmigración no comparten información, pero el actual clima de tensión política en que la deportación de migrantes es un tema candente de campaña tiene “un efecto disuasorio sobre el registro de votantes”, ya que muchos “optan por evitar cualquier interacción con las bases de datos del gobierno que pueda exponer inadvertidamente a sus familiares al riesgo de deportación”. Además, incluso para extranjeros nacionalizados que optan por apuntarse, el proceso se complica especialmente si sus nombres han sido traducidos al inglés, como a veces pasa en Inmigración. “El registro de votantes priva a personas de origen migrante de su derecho al voto”, señala Dominguez-Villegas.
La brecha racial
“EEUU tiene una larga y perniciosa historia de discriminación racial”, coincide Kevin Morris, investigador senior del programa de democracia y voto en el prestigioso Brennan Center for Justice. “Las minorías raciales y étnicas tienen más probabilidades de tener bajos ingresos”, explica a EL PERIÓDICO , lo que las pone bajo “mayor presión socioeconómica” y las convierte en “menos propensas a votar”.
En algunos estados, los registros acaban un mes antes de los comicios, aunque las luchas de organizaciones comunitarias han conseguido que se acepte cada vez más el registro online y en el mismo día y lugar de votación. Pero las elecciones en EEUU siempre son el primer martes de noviembre, es decir, en día laborable, lo que complica el ir a votar para personas que trabajan por horas, en múltiples empleos, y sin garantías. “Esto perjudica la participación electoral y por tanto la representación política”, añade Morris.
Además, el Tribunal Supremo derogó en 2013 una provisión de la Ley del Derecho al Voto de 1965, que entonces fue un logro de la lucha por los derechos civiles liderada por Martin Luther King Jr. que garantizaba por primera vez el cumplimiento de los derechos constitucionales de los afroamericanos, incumplidos a pesar de la abolición de la esclavitud. Con esta ley, todas las regulaciones electorales propuestas por los estados tenían que recibir luz verde a nivel federal. Ahora ya no. “Las leyes restrictivas del voto desatadas por este caso aumentaron la brecha de participación”, señala Morris.
Esto se ha convertido en un arma electoral. Las minorías tienden a votar al Partido Demócrata. Por eso, en estados gobernados por Republicanos – sobre todo en los llamados ‘estados bisagra’ que pueden ser decisivos para determinar el ganador de la elección – se han aprobado restricciones que desalientan el registro para el voto de los más vulnerables. “Tenemos que hacer cambios sistémicos, comenzando con políticas que impidan la supresión de los derechos de los votantes”, concluye Dominguez-Villegas.
