El último jueves 26 de septiembre, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró el Estado de Emergencia durante 60 días en doce distritos de Lima Metropolitana y Callao. La medida llegó luego del paro de transporte público en protesta al incremento de la inseguridad, violencia y casos de extorsión de los que han sido víctimas numerosas líneas de transporte y que lamentablemente cobraron la vida de algunos conductores en las últimas semanas.
No obstante, los transportistas no han sido los únicos afectados por el desmedido incremento de la inseguridad en Perú. De acuerdo con un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la incidencia de secuestros y extorsiones se incrementó en un 50% durante el primer semestre del 2024.
El estudio señala que la percepción del aumento en la delincuencia alcanza el 86.1% de los peruanos, lo que representa un incremento de casi cuatro puntos en comparación con el 82.6% registrado en el mismo periodo de 2023. Además, estas cifras son mayores en la capital, pues en Lima Metropolitana registra un 89,9% y en el Callao 88,5%
Según el informe de seguridad ciudadana, el número de víctimas de algún hecho delictivo entre personas mayores de 15 años ha mostrado un crecimiento continuo llegando al 27.7% en la actualidad. En el mismo periodo en 2023, fue de 27.1%; mientras que en 2022 alcanzaba el 22.6%.
Percepción de inseguridad y crimen
Ricardo Valdés Cavassa, exviceministro de seguridad pública del Ministerio del Interior, en conversación con Infobae Perú señaló que con el incremento de la inseguridad en el país, los casos de extorsión contra pequeños negocios se han incrementado significativamente y en consecuencia las “bodegas han comenzado a cerrar como resultado de la extorsión”.
“La extorsión se ha vuelto un método muy eficaz para la criminalidad (…) ahora se ha expandido a modalidades como el ‘chalequeo’, y muchas de estas operaciones se llevan a cabo desde los penales, donde se exige dinero a las víctimas. Esto ha sido confirmado y afecta gravemente a las pequeñas empresas”, señala.
Las masificación de la extorsión contra pequeños negocios en medio de una pugnas territoriales entre bandas criminales como ocurre en Lima Norte “genera, obviamente, una terrible sensación de inseguridad, incrementando la percepción de peligro, independientemente de si las personas han sido víctimas directas o no”, detalló.
Valdés Cavassa también considera que los delitos no se están midiendo adecuadamente y que se desconoce si las víctimas realmente están denunciando los crímenes de los que han sido víctimas.
“No se está midiendo adecuadamente ni la extorsión ni los homicidios a través del sicariato. Sin embargo, el INEI señala un crecimiento en la extorsión. Aun así, no podemos estar seguros de que las encuestas reflejan la realidad, ya que muchas personas pueden no sentirse cómodas al compartir la verdad sobre su situación”.
El especialista en seguridad sostiene que las grandes organizaciones criminales, en las que priman tres economías: minería ilegal, trata de personas y narcotráfico, lideran la mayoría de transacciones ilícitas que, como consecuencia, producen coordinaciones con otras bandas, grupos armados, sicarios, como ocurrió en último atentado contra la mina Poderosa en Pataz.
Bandas criminales extranjeras en Perú
Con respecto a la presencia de las bandas criminales en el país, el exviceministro detalla que, actualmente, se libra una disputa entre organizaciones criminales nacionales y extranjeras por el control de la explotación sexual en el distrito de Lince en Lima y que “el crecimiento de economía ilegales ha generado que se transnacionalización de la criminalidad”.
Según el especialista el ‘Comando Vermelho’, una peligrosa organización criminal brasileña, opera en territorio peruano, precisamente en la provincia Mariscal Castilla en Lorero, donde traslada la cocaína que se produce en la región. Además, advierte de la presencia de remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que están involucrados en la minería ilegal y narcotráfico, así como otras organizaciones extranjeras.
“El ‘Comando Vermelho’ y el ‘Primer Comando Capital’ de Brasil también están operando en la zona fronteriza entre Bolivia, Brasil y Perú. Este escenario no solo incluye la presencia de facciones del ‘Tren de Aragua’, sino también de estas organizaciones criminales brasileñas. Además, no podemos descartar la posible presencia de grupos ecuatorianos como ‘Los Lobos’, que operan en la provincia de Azuay, la cual limita con Piura, y podría tener conexión significativa entre la minería ilegal y algunas organizaciones criminales, especialmente en áreas cercanas a Lomas y Sullana.
También menciona la presencia de organizaciones criminales colombianas dedicadas al sistema de préstamos ‘gota a gota’. Además, advierte del riesgo de que Perú podría convertirse en un escenario de disputas territoriales entre estas organizaciones, si las autoridades no toman medidas para frenar su avance.
“Estamos perdiendo la oportunidad de detener la operación de las organizaciones criminales. Se percibe claramente que el gobierno no tiene la capacidad de respuesta necesaria para enfrentar esta situación”, advirtió.
Ciudadanía podría optar por armas
Por su parte, Stefano Corzo, sociólogo del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien también fue consultado por Infobae Perú, señala que ante la percepción de inseguridad y si la población no se siente protegida por sus autoridades pueden intentar buscar soluciones a su problemática adoptando otras medidas.
“Lo que sucederá es lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas décadas: ante el fracaso y la incapacidad del Estado para proporcionar servicios básicos a la población, esta buscará soluciones en el sector privado o en el mercado. Esta situación se ha manifestado en el ámbito de la seguridad, como se evidencia en el aumento de medidas como el enrejado de calles”, explicó.
También señala que estas medidas no son nuevas, ya que se observaron durante la década de los 90 y a inicios de los 2000 en diversas zonas de la ciudad afectadas por la inseguridad. Además, ante el aumento del crimen, no descarta que la población opte por la adquisición privada de armas, justificando esta decisión con el argumento de la autodefensa.
El sociólogo del IDL explica que, si la población recurre a herramientas de autoprotección que requieran permisos, aumentarán los casos de licencias irregulares. Esto podría abrir más espacios para la informalidad y fomentar dinámicas pseudo-legales, las cuales pueden ser fácilmente aprovechadas por economías criminales.
Bandas criminales podrían llegar a la política
Por otro lado, en cuanto a la inseguridad y su percepción, Corzo explica que si bien los casos de extorsión no han incrementado, los incidentes de delictivos están concentrados y focalizados en determinados espacios y territorios de la ciudad que representan los sectores más vulnerables.
Aunque el especialista descarta que Perú esté próximo a un colapso total, envuelto por una anarquía generalizada, advierte que las bandas criminales podrían desplazar a las autoridades locales y encontrar un espacio en la política.
“Lo que podría ocurrir es que las organizaciones criminales, de manera focalizada y territorial, sigan ganando terreno y desplazando la autoridad de los gobiernos locales y nacionales. Esto es especialmente preocupante, ya que investigaciones periodísticas han demostrado que muchas de estas bandas tienen vínculos con políticos, incluidos congresistas y miembros de partidos importantes. Esta situación podría llevar a una “captura criminal del Estado”, señala.
Gestión ineficaz y polémicas leyes
El exviceministro del Interior indica que no hay una adecuada reacción del Poder Ejecutivo y que la falta de coordinación entre las instituciones no ayuda a frenar el avance de las bandas criminales.
“La falta de capacidad de respuesta por parte del gobierno es evidente. No se están utilizando los espacios adecuados, como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), para coordinar políticas de seguridad. La relación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público es deficiente debido a las normas propuestas por el Poder Legislativo. Además, no se han convocado las reuniones solicitadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial, ya sea con el Consejo de Estado o con el Conasec”, expresó.
Por otro lado, critica el trabajo del Congreso de la República por aprobar controversiales legislaciones que favorecerían a las bandas criminales, y en su opinión dificultan el trabajo del Ministerio Público.
“El Poder Legislativo ha aprobado una serie de normas que favorecen la criminalidad, y es crucial señalarlo con claridad. Recientemente, se han eliminado 58 tipos penales relacionados con el crimen organizado bajo la nueva Ley 32108, lo que implica que actos que antes eran considerados delitos ya no lo son. Además, se están modificando las condiciones para los allanamientos y los tipos penales en el Código Penal, lo que también beneficia a la criminalidad. Esta situación se agrava con la Ley 31990, que complica los términos de la colaboración eficaz y reduce los plazos para su implementación”, detalló.
El analista político, Rafael Gertin Barturén consultado por Infobae Perú, coincide en que la gestión del gobierno frente al crimen ha sido ineficaz para frenar el avance de la delincuencia y las bandas criminales en el país. Además, detalla que las estrategias del Ministerio del Interior no han sido suficientes para abordar este problemática que alcanza niveles sumamente preocupantes.
“Hemos tenido varios ministros del Interior que no han logrado solucionar el problema de la seguridad ciudadana, lo que demuestra que este gobierno no está gestionando adecuadamente esta área. Las políticas implementadas, como “El Amanecer Seguro”, no están dando resultados. Las pocas capturas y logros que se han registrado son producto de la gestión individual y focalizada de algunos miembros de la Policía Nacional, y no de un plan generalizado del gobierno para combatir la delincuencia y el crimen organizado”, menciona.
En ese sentido, indica que las instituciones, lejos combatir el crimen se obstruyen dificultando sus labores. Además, menciona que los congresistas investigados proponen leyes que los benefician y priorizan sus intereses personales y no normas que ayuden a las autoridades a combatir el crimen o dificultan las investigaciones.
“La Fiscalía y el Congreso se obstaculizan mutuamente, lo que resulta en dos instituciones desprestigiadas que priorizan sus propios privilegios e intereses personales. Muchos congresistas enfrentan investigaciones en el Ministerio Público y, por ello, no crean leyes que beneficien a la sociedad. Por ejemplo, se ha legislado para que se necesite la presencia de un abogado defensor para realizar un allanamiento, como se vio en el caso de Chibolín”, mencionó.
El Dr. Gertin señala que existen leyes que permiten la prescripción de delitos, lo que podría beneficiar a políticos involucrados en investigaciones y permitir que muchos delitos queden impunes. Por ello, subraya la necesidad de que los congresistas trabajen a favor de la población.
¿Desinterés o ineficacia?
Según el analista político, el Ministerio Público enfrenta numerosos casos en los que delincuentes quedan en libertad debido a la negligencia, incapacidad o incluso corrupción de algunos fiscales. Por lo tanto, esta situación debe ser abordada con urgencia, y las autoridades deben centrar sus esfuerzos en fortalecer la seguridad ciudadana.
“Hay un notable desinterés e incapacidad por parte del actual gobierno para abordar la seguridad ciudadana. No se observa un plan ni una política pública contundente (…) Es esencial unificar los esfuerzos de las autoridades, incluyendo el Poder Ejecutivo, las municipalidades, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público, para establecer una política pública integral que combata este flagelo antes de alcanzar niveles alarmantes de inseguridad. Por ello, es crucial la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que funcione efectivamente para mitigar este problema”, explica.
El experto considera que el ministro del Interior Juan José Santibañez debe renunciar al cargo por la polémica que atraviesa en relación a presuntos audios que lo involucrarían. Sin embargo, aclara que cambiar de titular del Mininter no solucionará la inseguridad en el país y que mientras las autoridades no tengan un plan integral para luchar contra la seguridad ciudadana no habrán resultados.
¿Cómo combatir el crimen organizado?
El exministro Ricardo Valdés destaca la urgencia de que el Legislativo reevalúe las normas que aprueba y que el Ejecutivo reflexione sobre sus acciones. Además, enfatiza la importancia de aumentar el presupuesto para proporcionar tecnología, equipamiento y capacitación a la Policía en la gestión de sus recursos.
En este sentido, explica que cada delito requiere una estrategia específica, lo que implica la necesidad de que las instituciones que forman parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, trabajen de manera conjunta. Asimismo, es fundamental involucrar a otras organizaciones en este esfuerzo.
“En el manejo de la extorsión de la criminalidad, es esencial involucrar al sector financiero y al sector tecnológico, así como a las empresas de telefonía. Esto es necesario para generar, desde un punto de vista técnico, las herramientas necesarias para intervenir en las cuentas bancarias donde se depositan los fondos ilegales y en los números de celulares relacionados”.
El exviceministro explica que para concretar estas acciones son necesarios cambios normativos. Además, subraya la importancia de difundir los canales de denuncia que garanticen el anonimato de los denunciantes y la necesidad de invertir en la investigación de la veracidad de estas denuncias.
Por otro lado, menciona que sacar a las Fuerzas Armadas a las calles no es una solución para la inseguridad, ya que no están capacitadas en temas de seguridad o patrullaje. Además, no investigan delitos ni tienen la formación necesaria para hacerlo; su preparación se centra en defender el territorio nacional de cualquier tipo de agresión externa.
Políticas públicas contra el crimen
Gertin Barturén destaca la necesidad de implementar diversas políticas públicas para frenar el avance del crimen organizado y de la inseguridad en el país. Propone la creación de “leyes más estrictas” y la “construcción de cárceles para combatir el hacinamiento”. Además, subraya la importancia de la participación del Poder Judicial y el Ministerio Público, ya que son estas instituciones las encargadas de sancionar con rigor a quienes incumplen la ley.
Por otro lado, menciona que las municipalidades pueden contribuir de manera significativa a la solución de este problema, especialmente en la lucha contra el crimen menor. Sin embargo, el gobierno debe asumir la responsabilidad de combatir el crimen organizado mediante políticas públicas que fortalezcan el sistema de justicia y el sistema penitenciario.
El especialista indica que es importante tener medidas para sacar a los menores del crimen. “Cada vez observamos que los delincuentes son cada vez más jóvenes. Al saber que no enfrentan sanciones, los delincuentes mayores se encargan de entrenarlos para llevar a cabo estas actividades delictivas”.
