El caso de la fuga de Juan Carlos Rodríguez, conocido como alias Zeus, sigue generando controversia y preocupación en Colombia, especialmente tras su reciente abatimiento en Antioquia. Este suceso llevó a un escrutinio riguroso del comportamiento de las autoridades, en particular de los policías involucrados en la custodia del criminal, que se había fugado de una estación policial en Cúcuta en abril de 2024.
El 21 de abril de 2024, alias Zeus y otros 16 reclusos lograron escapar del comando de la Policía de Cúcuta. Este hecho se produjo apenas días después de que Rodríguez fuera capturado transportando un arsenal considerable. De los fugados, ocho fueron recapturados y dos murieron en enfrentamientos con la fuerza pública. Las autoridades señalaron en su momento que la fuga pone en entredicho la capacidad de control y seguridad en las instalaciones penitenciarias.
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Como consecuencia inmediata de la fuga, tres policías fueron apartados de sus funciones y enfrentan cargos graves, que incluyen desobediencia, prevaricato por omisión, abandono de puesto y favorecimiento a la fuga. Se trata de dos subintendentes y un patrullero, que deberán rendir cuentas ante la justicia.
Uno de los policías implicados, Jhonny Cristancho, subintendente (r) de la Policía, expresó a Noticias Caracol su desconcierto respecto a la presencia de “Zeus” en el comando de Cúcuta: “No teníamos ni siquiera la idea de que ese señor estaba ahí. A la fecha, no sabemos quién dio la orden de moverlo de Pamplona a Cúcuta sin informarle a nadie”.
Además, Cristancho señaló que la seguridad en el centro penitenciario no fue reforzada adecuadamente, a pesar del alto nivel de hacinamiento. La fuga fue facilitada por la debilitada infraestructura de seguridad del recinto, donde los internos lograron derribar una reja para escapar. Este aspecto llevó a cuestionar no solo la actuación individual de los policías, sino la gestión institucional en cuanto a la seguridad de los reclusos.
De esta manera, los policías implicados están en espera de un proceso judicial que determinará su culpabilidad o inocencia. Mientras tanto, se discute su posible reintegración a la institución, lo que ha generado reacciones diversas en la opinión pública.
Tras el anuncio de la eliminación de alias Zeus, el gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rincón, expresó su tranquilidad respecto a la operación que resultó en la baja de este criminal, quien estaba prófugo de la justicia. Esto lo comunicó a través de un video que compartió en su cuenta en X.
¿Quién fue alias Zeus?
Juan Carlos Rodríguez, conocido en el mundo criminal como alias Zeus, fue un militar en retiro de 54 años que alcanzó el grado de mayor antes de ser llamado a calificar servicios en 2002. Su carrera militar se vio manchada por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de armas. A lo largo de su vida delictiva acumuló un extenso historial criminal que incluye delitos como narcotráfico, terrorismo, homicidio, y secuestro extorsivo.
Nacido en Tunja, Boyacá, Rodríguez fue contactado en su época como capitán por Diego León Montoya, alias Don Diego, líder del cartel del Norte del Valle. Este contacto lo llevó a convertirse en un actor clave en el tráfico de cocaína y a formar un ejército privado conocido como Los Machos, destinado a enfrentar a su enemigo Wilber Varela, conocido como “Jabón”, que contaba con el respaldo de Los Rastrojos.
Su primera captura se produjo en 2005, tras la cual fue llevado a la base militar de Tolemaida, donde surgieron escándalos relacionados con privilegios como fiestas y la entrada de mujeres. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá, donde denunció amenazas por parte de otros reclusos, alegando que tenía información sobre altos mandos involucrados en el narcotráfico.
En noviembre de 2022, alias Zeus solicitó entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero enfrentó un incidente de incumplimiento tras ser descubierto con un arma en su vehículo asignado. A inicios de abril de 2024, fue nuevamente capturado, lo que llevó a la justicia de verdad a abrir un proceso para determinar su posible expulsión de la jurisdicción.
Las autoridades también llevaron a cabo operativos de extinción de dominio contra sus bienes, ubicando 13 propiedades en diversas localidades, cuyo valor comercial supera los 11.710 millones de pesos. Entre ellas, destacan dos fincas en Yondó, Antioquia, y otros inmuebles en Bogotá y Puerto Boyacá, de acuerdo con la información revelada por el diario El Tiempo.
