Aunque la ley en España establece que las mujeres pueden abortar hasta la semana 14 de gestación, y según datos del Ministerio de Sanidad en 2023 se registraron un total de 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo, casi un 5% más que en 2022, aún son muchas las barreras a las que se enfrentan para acceder a estos servicios, pues son varias las regiones donde solo se realizan en centros privados y solo 5 regiones de las 17 cuentan con un registro de médicos objetores de conciencia como exige la norma.
Con el objetivo de solventar ese problema, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que en los próximos días estará listo el borrador de protocolo para el registro de personas objetoras al aborto, de forma que “ninguna comunidad se pueda amparar en ese vacío legal para que la interrupción legal del embarazo no se lleve a cabo en la sanidad pública”.
En un desayuno informativo donde ha presentado al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, la ministra ha subrayado que “muchas voces quieren retraer a España a tiempos pretéritos” y ha vuelto a reivindicar “el derecho al aborto libre y seguro como un derecho fundamental que hemos conquistado y no tiene vuelta atrás”, según informa la agencia Efe. ”Es un desafío que este derecho se consagre en nuestra sanidad pública” ha dicho la ministra, que ha defendido que se pueda acudir a los centros de la sanidad pública para que estos abortos sean “libres y seguros”.
”Estamos oyendo voces en muchos países (Italia, Argentina o Hungría) e incluso en España que vuelven a poner la batalla política en nuestros cuerpos. No lo vamos a permitir”, ha asegurado.
Propuesta de Más Madrid
En esta línea, Más Madrid ha registrado una proposición no de ley en la Asamblea regional para que se cree un registro de objetores de conciencia del aborto, por entender que esta comunidad ampara el bloqueo de las interrupciones públicas del embarazo en la sanidad pública. De hecho, según ha denunciado CCOO, de los 20.574 abortos notificados en 2023, solo 56 se realizaron en un hospital de la red del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), mientras que los 20.518 restantes se hicieron en clínicas privadas autorizadas, lo que supone un 0,27% del total (en 2022 fue un 0,30%). Además, el sindicato señala que en la región “solo siete de los hospitales que conforman la Red del Servicio Madrileño de Salud practicaron estas intervenciones”.
Más Madrid también destaca en su propuesta la necesidad de que se compruebe, a través de inspecciones sanitarias, que las clínicas acreditadas para realizar la interrupción voluntaria del embarazo hayan eliminado el periodo de los tres días de reflexión, así como la importancia de promover el uso del aborto farmacológico en las semanas de gestación en las que está indicado, “garantizando un acompañamiento y seguimiento de calidad durante el proceso”.
Asimismo, el partido que lidera Manuel Bergerot exige una “mejora calidad de la información que se brinda a las mujeres” que desean interrumpir su embarazo o tienen que someterse a un aborto terapéutico, para así “preservar su indemnidad, dignidad y libertad durante el proceso”.
