La revelación sobre los contratos por más de $840 millones que ha suscrito el exfiscal General de la Nación Eduardo Montealegre con entidades del Estado, durante el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, generó una fuerte tormenta mediática en contra del abogado tolimense, pero además contra el jefe de Estado. Y uno de los que se despachó en contra del exfuncionario judicial, con fuertes calificativos que causaron opiniones diversas entre sus seguidores.
Montealegre, según se dio a conocer en sus redes sociales el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, ha establecido vínculos contractuales con el sistema de medios públicos Rtvc, además de Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y Positiva Compañía de Seguros, está en medio de una fuerte polémica. La misma de la que buscó sacar provecho el excongresista, que en sus redes sociales se pronunció contra el exfiscal.
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“Eduardo Montealegre es un ‘vampiro’ del presupuesto público. Siempre ha vivido de jugosos contratos con el Estado. Y desangró la Fiscalía, con el brutal derroche y la corrupción”, expresó Macías en su perfil de X, en un comentario en el que replicó los documentos revelados por Briceño: que dan cuenta del impacto de los referidos contratos, en favor de un hombre clave para el petrismo, no solo en su labor, sino en los procesos judiciales en los que está inmerso.
Los contratos para el exfiscal Eduardo Montealegre
De acuerdo con la denuncia del cabildante distrital, que se volvió famoso por su experticia en la búsqueda en el sistema de contratación estatal Secop, Montealegre –el mismo que fue declarado como víctima en el proceso que se adelanta contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez– ha sido beneficiado con dos jugosos contratos con Rtvc: ecosistema a cargo del periodista Hollman Morris, cercano al presidente de la República Gustavo Petro.
El primero, por $57.120.000, para la “prestación de servicios jurídicos especializados para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en temas de derecho constitucional, administrativo, responsabilidad fiscal, emisión de conceptos, definición de estrategias y acompañamiento jurídico”, en el proceso de rediseño institucional. Mientras que el segundo es de $268.146.667, por el mismo objeto contractual, con un plazo de ejecución de 11 meses y ocho días, y asignación mensual de $23.800.000.
En desarrollo…
