La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor de abrir una investigación contra Álvaro Romillo, el empresario cripto que pagó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez y que ha sido denunciado por miles de personas que aseguran ser víctimas de una presunta estafa. Esta estafa se habría producido en Madeira Invest Club, un ‘chiringuito financiero’, a ojos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que operó desde 2021 hasta hace apenas dos semanas.
En el comunicado emitido hoy, la Fiscalía reconoce que la competencia para investigar este caso reside en la Audiencia Nacional y pide que las diligencias sean secretas para investigar a un organismo que estuvo operando hasta que se bloquearon sus cuentas a mediados de septiembre.
En las denuncias originales contra él, y sin que lo anunciado este martes suponga que no se puedan ampliar o reducir delitos durante la instrucción, Romillo estaba acusado ante la Audiencia Nacional por las organizaciones de afectados por presuntos delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
A esto, además, habría que sumar la denuncia presentada por una de las organizaciones en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid, por presunto intrusismo laboral, y la que está valorando todavía la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la que se le acusa de estafa agravada y de financiación ilegal del partido político de Alvise Pérez, que también está denunciado.
«Descabellados consejos» sobre «elusión fiscal»
En la denuncia presentada este martes ante los juzgados de lo penal de Madrid por Aránguez Abogados, despacho que representa a la Asociación de Usuarios de Criptomonedas (AUC), se acusa a Romillo de un delito de intrusismo profesional «por haber publicitado y prestado servicios de asesoría tributaria y financiera careciendo de titulación académica y sin estar registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)».
Según aseguran desde este despacho, los «descabellados consejos» sobre «elusión fiscal» que repartía Álvaro Romillo a sus clientes está teniendo ya las primeras consecuencias para ellos.
Por ejemplo, «empresarios que trasladaron su actividad a Estonia o personas físicas que fijaron su residencia fiscal en Portugal sin tener ningún vínculo con esos países», según explican a este periódico. «Ahora, estas personas se ven sometidas a duras inspecciones por parte de Hacienda».
