-Con su decisión, el magistrado José Bañales Sánchez se posiciona como un COMPLICE DE LA INJUSTICIA-
Barras de Piaxtla, San Ignacio, Sinaloa.- Se encendieron las alarmas en Barras de Piaxtla tras darse a conocer el cuestionable amparo concedido por el magistrado José de Jesús Bañales Sánchez a favor del invasor de terrenos Gabriel Gazga González, en una descarada violación a los derechos de propiedad privada y las leyes ambientales, decisión que favorece las prácticas ilegales de la zona
La concesión de este amparo a Gabriel Gazga González, señalado por invadir ilegalmente terrenos, representa un precedente peligroso. Al ignorar evidencias claras de fraude y la invasión de áreas protegidas, el fallo del magistrado Bañales Sánchez ha provocado indignación y preocupación por la más que evidente promoción de injusticia que hizo el magistrado con esa absurda decisión
La situación en Barras de Piaxtla revela cómo figuras asociadas al inexistente ejido «Rubén Jaramillo» han enriquecido sus bolsillos ilícitamente, vendiendo ilusiones a la gente que quiere comprar un terreno cuando ellos no son dueños de absolutamente nada e inclusive están violando las leyes de protección ambiental.
La corrupción y complicidad con estos delincuentes que tienen algunos funcionarios públicos también está evidenciada con las acciones poco disimuladas de la Oficial del Registro Público de la Propiedad de San Ignacio, quien registra títulos de posesión basados en un núcleo ejidal ficticio para facilitar el engaño a los compradores pero que, al final de día, no tienen NINGUNA VALIDEZ en el Registro Agrario Nacional
Esta red de corrupción ha espantado las inversiones en San Ignacio y el desarrollo económico de Sinaloa por las dudas sobre el inexistente estado de derecho en el área. La falta de respuesta gubernamental efectiva ante esta injusticia pone en riesgo no solo a los propietarios legítimos sino también al patrimonio natural del estado.
La comunidad de Barras de Piaxtla exige una revisión urgente de este atentado contra la justicia perpetrado por el magistrado José de Jesús Bañales Sánchez, quien con su decisión judicial y se está convirtiendo en un cómplice más de la impunidad con la que operan los invasores profesionales de la región y el daño que le hacen al medio ambiente
